El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que los actuales procesos internos de los bloques partidistas son legítimos.

Al justificar que la Sala Superior del TEPJF determinó no suspender los procesos sino regularlos, señaló que las fuerzas políticas tienen la necesidad de formar liderazgos y consolidar aspiraciones en torno a sus ideologías y movimientos de forma previa a que inicien los procesos electorales, por lo que resultó razonable fijarles límites relativos, no absolutos.

Por estos motivos es que se reconoce que si bien es un mecanismo inédito en su configuración actual, no es ilegítimo. Es legítimo que los partidos puedan tener filtros y llevar a cabo una serie de acciones para valorar las características de sus liderazgos, informó durante una ponencia frente a estudiantes, divulgada en el canal oficial del TEPJF.

El miércoles pasado, por mayoría de votos, la Sala Superior rechazó un proyecto de Janine Otálora que proponía anular de tajo el proceso interno del Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI y PRD, al considerarlo un fraude a la ley. Ese mismo criterio fue expuesto por la magistrada días antes para anular la selección del Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, en Morena.

Sin embargo, una mayoría en el TEPJF consideró que la cancelación de esas convocatorias representaría una afectación a derechos constitucionales de los militantes y simpatizantes. La vía alterna fue ordenar al Instituto Nacional Electoral emitir lineamientos para regular las actividades de partidos, especialmente en materia de fiscalización, para verificar que los recursos utilizados tengan origen lícito, y definir si el gasto se clasifica como ordinario o se abona al de precampaña.

En la conferencia dictada ayer, el magistrado presidente dijo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son ingenuos, pues tienen claro que los procesos de los bloques partidistas tienen como fin elegir a la persona que contenderá en 2024 por la Presidencia de la República, pero optaron por dejar correr el juego.

Sostuvo que el análisis al respecto no se limita a considerar los derechos de autorganización de los partidos, sino evaluar una realidad política en el país.

Los movimientos previos al periodo de precampaña vienen desde hace más de 15 años y, además, una prohibición absoluta tampoco garantizaría que los aspirantes detuvieran sus giras y reuniones, reconoció.

En síntesis, argumentó que las autoridades electorales tienen el reto de adaptar el sistema legal a los hechos y de alguna manera ser permisivos, para equilibrar armonía y congruencia.