Lima. Un tribunal peruano ordenó embargar los bienes del depuesto presidente Pedro Castillo, quien espera en prisión un llamado a juicio por su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre pasado, informó ayer la Procuraduría.

Los jueces de la Corte Suprema atendieron el pedido de la Procuraduría, que actúa en defensa del Estado en el proceso contra el ex mandatario, y dictaminaron el embargo de los bienes de los imputados Pedro Castillo y su ex jefe de gabinete Aníbal Torres, señaló el organismo en un comunicado.

La Procuraduría presentó la solicitud para asegurarse el pago de una eventual reparación en caso de que Castillo y Torres sean encontrados culpables por los cargos de rebelión y conspiración.

La defensa del Estado aspira a una reparación de unos 18 millones de dólares.

Con esta medida cautelar, ninguno podrá transferir o vender propiedades, explicó el abogado Vladimir Padilla al diario El Comercio.

El embargo a Castillo, antiguo profesor de primaria, de 53 años, recae sobre las cuatro propiedades que tiene en la región andina de Cajamarca, mientras Torres cuenta con nueve bienes en Lima, según la Procuraduría.

En medio de una severa crisis política, el líder porgresista intentó disolver el Congreso cuando llevaba 17 meses en la presidencia, tras lo cual fue destituido y recluido en una cárcel especial de Lima donde cumple prisión preventiva.

Su salida del poder provocó violentas protestas desde diciembre pasado en las que murieron decenas de personas, la gran mayoría manifestantes que fueron reprimidos a disparos por la fuerza pública, según denuncias de organismos independientes.

La fiscalía abrió una investigación contra la sustituta de Castillo en la presidencia, Dina Boluarte, por la represión de las movilizaciones, ante la posible comisión de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.