El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán aceptó a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición en contra de las reformas a la Ley Minera que, entre otras cosas, modifica el plazo de las concesiones, obliga a las empresas del ramo a pagar una contraprestación a las comunidades vecinas a las áreas de explotación y limita el uso de agua.

La demanda fue promovida por 192 diputados federales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que impugnan no sólo la reforma, sino todo el decreto sobre el te-ma, que incluye las leyes generales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, además de la Ley de Aguas Nacionales, que también fueron modificadas para intentar moderar los daños al entorno que causa la industria extractiva.

Los legisladores de la oposición señalan violaciones al proceso legislativo presuntamente cometidas durante la aprobación de estas reformas, pero también afirman que con los cambios vulneran derechos constitucionales.

Estamos en presencia de la transgresión a diversos derechos, tales como legalidad, seguridad jurídica, falta de consulta a pueblos y comunidades indígenas, lagunas en la ley propias de su falta de estudio y análisis, afirma la demanda, que incluso reclama la falta de una consulta indígena para su aprobación.

Al respecto, los colectivos Cambiémosla Ya y ALDEA consideraron que la impugnación de los diputados de oposición sólo beneficia a los intereses privados y busca mantener las violaciones a los derechos de los pueblos y las comunidades originarias.

Ningún legislador de estos partidos se preocupó en las pasadas tres décadas por el derecho de los pueblos y las comunidades a ser consultados antes de que se entregaran miles de concesiones mineras en los territorios de su propiedad. No sólo no se les consultaba, ni siquiera se les informaba, denunciaron.