A una semana del inicio de clases, Yadira Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNFP) que ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) establecer una estrategia con autoridades educativas del país para instrumentar los programas y libros de texto gratuitos aprobados para el próximo ciclo escolar, que comienza el 28 de agosto.

En concordancia con las autoridades estatales educativas (titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa) y locales (municipales), establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2023-2024; pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa, señala el resolutivo.

La juez agregó que para lograr lo anterior, en cumplimiento del principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo primero constitucional, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios, considerando el interés superior de la infancia y la adolescencia.

Como en ocasiones anteriores, cuando se concedió a la UNPF la suspensión provisional y luego definitiva, la SEP y el Conaliteg pueden impugnar el fallo de la juez de distrito, para que el caso se resuelva en un tribunal colegiado, el cual determinaría si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

En otra ocasión, Medina Alcántara argumentó que el interés superior de la infancia se funda en la dignidad del ser humano, y por ello, dijo en su momento, los materiales que servirán para su educación deben ser garantizados respecto a su contenido.

Uno de los requisitos que impuso la juzgadora para imprimir los textos es que el Poder Ejecutivo federal estableciera el contenido de los planes y programas de estudio para la educación básica y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en los órganos informativos de cada estado.

De acuerdo con la información del juzgado, será este lunes cuando le notifique a la SEP y al Conaliteg el sentido de la sentencia. Sin embargo, la togada no dio a conocer la versión pública del expediente.

El 26 de mayo pasado, la jueza otorgó la suspensión definitiva al grupo de padres de familia, en la que condicionó la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos y ordenó que la SEP verificara que concuerdan los planes de estudio y garantice la intervención de los gobiernos estatales y de especialistas.

El martes de la semana pasada, la SEP divulgó en el DOF el plan de estudio para educación prescolar, primaria y secundaria, así como los programas sintéticos que se impartirán a 24.4 millones de niños y adolescentes en todo el país. Con la difusión, las autoridades educativas cumplieron con un requisito que había fijado la jueza en el juicio de amparo para la impresión y distribución de los nuevos libros de texto.