os hechos suscitados el viernes en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, estado de México, hicieron saltar las alarmas en torno a la que probablemente sea la actividad del crimen organizado con mayor impacto social en estos momentos: el denominado cobro de piso, es decir, la extorsión con que se obliga a las personas a entregar a los delincuentes una parte de sus ingresos a cambio de que se les permita continuar desempeñando las labores con que se ganan el sustento. La desesperada acción de un grupo de campesinos contra sus opresores constituye también un dramático recordatorio de que este ilícito se ha generalizado hasta tal punto que sus víctimas pertenecen a todos los estratos sociales y a todos los sectores económicos, incluso a los micronegocios, profesionistas modestos y quienes ejercen oficios de muy baja remuneración.

Durante mucho tiempo, desde diversas regiones del país se han emitido llamados de auxilio para librar a los habitantes de este flagelo que merma sus ya exiguos recursos y los somete a un clima de temor y opresión permanentes. Las autoridades han tomado cartas en el asunto (por ejemplo, sólo un día antes de la tragedia de Texcaltitlán, la policía estatal y el Ejército detuvieron a una célula de extorsionadores en el cercano municipio de Villa Guerrero), pero es evidente que las medidas adoptadas no han tenido la envergadura necesaria para afrontar un fenómeno de semejante magnitud y alcances.

En este sentido, cabe esperar que se hagan efectivas las palabras de la gobernadora Delfina Gómez, quien aseguró que su administración trabajará incansablemente para que este tipo de sucesos no se repita, y confió en que la presencia de las fuerzas federales evitará que los pobladores de la región sur de la entidad vuelvan a ser víctimas de grupos criminales como La familia michoacana. Asimismo, vale retomar el exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador a que el conjunto de la sociedad se una en el combate al aumento en el consumo de drogas y las extorsiones. En efecto, si bien la responsabilidad de salvaguardar a la ciudadanía recae en el Estado, es imposible ignorar que la extensión actual de la delincuencia organizada se explica, en buena parte, por el arraigo social que ha ganado y por la lealtad que le profesan importantes segmentos de la población, los cuales han llegado al extremo de desafiar a las fuerzas de seguridad para proteger a cabecillas del crimen.

La complejidad de este fenómeno exige una respuesta multidimensional que trascienda lo policiaco y aborde las causas profundas del deterioro, como se hace con los programas sociales diseñados para alejar a los jóvenes de la seducción financiera que ejerce el mundo delictivo. También habrá de abordarse la reconstitución del tejido social allí donde la colectividad se ha visto fragmentada y polarizada por la incidencia de los delincuentes.

En lo inmediato, es de obvia necesidad mantener en Texcapilla a un número suficiente de elementos de las corporaciones del orden público para evitar cualquier intento de retaliación de los criminales contra la comunidad. Al mismo tiempo, resulta evidente que se debe pasar de acciones reactivas a la prevención y el despliegue de un plan integral de combate al cobro de piso, cuyas consecuencias, como quedó dramáticamente demostrado en esta localidad, van más allá de lo económico y amenazan con convertir a los civiles en vengadores que naturalicen el derramamiento de sangre como medio legítimo de resolución de problemas.