Washington y Nueva York. El fin de semana que el mundo conmemora el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el gobierno estadunidense anunció nuevas sanciones a varias personas por violaciones a esas garantías fundamentales en 13 países y, pocas horas después, emitió un veto a una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual exigía un cese el fuego humanitario en Gaza, mientras envía más municiones a Israel.

La declaración, documento fundacional de la ONU, cumple tres cuartos de siglo hoy, y con ello los gobiernos del mundo festejaron su existencia, incluyendo Washington. Estados Unidos conmemora el Día de los Derechos Humanos y el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre con acciones para promover la rendición de cuentas por abusos y violaciones a las garantías civiles, declaró antier el secretario de Estado, Antony Blinken.

La otra cara de la moneda

Horas después, Robert Wood, embajador alterno de la Casa Blanca ante la ONU, aseveró ante el Consejo de Seguridad: No apoyamos el llamado de esta resolución por un cese el fuego insostenible (en Gaza), que sólo plantará las semillas para la próxima guerra. Fue el único país de los 15 miembros del Consejo en votar contra la resolución (Gran Bretaña se abstuvo), y con ello, por ser un miembro permanente con poder de veto, anuló la iniciativa. Además, Washington invocó ayer su autoridad de emergencia con lo cual no requiere aprobación legislativa para vender más municiones para tanques israelíes.

La aplicación selectiva de los principios, supuestamente universales de los derechos humanos y respeto a la libertades esenciales, queda clara otra vez en estas acciones de este fin de semana. La declaración consagra el albedrío de todo ser humano incluyendo las de religión, expresión y vida cultural, prohíbe la esclavitud, tortura, el exilio obligado y establece que todo individuo merece la vida, a la autodeterminación y a la seguridad de su persona.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en ratificar la declaración universal –de hecho, entre sus principales promotores estaba Eleanor Roosevelt, esposa del ex presidente Franklin D. Roosevelt.

Sin embargo, las acciones más recientes –y una larga historia al respecto– dejan sin lugar a duda que la definición de los derechos humanos universales no necesariamente cumplen con la palabra universal. Aunque pocos disputarían el argumento para imponer sanciones a algunos gobernantes, digamos, en Sudán, o a funcionarios iraníes responsables de arrestos arbitrarios o contra el Talibán por su trato de mujeres, las justificaciones pierden credibilidad cuando son casi exclusivamente impuestas sobre enemigos del Poder Ejecutivo de Washington y casi nunca contra países aliados, algunos de los cuales cometen el mismo tipo de abusos que los que sí son sancionados.

Más aún, algunas de las medidas estadunidenses justificadas por su supuesto apego a los derechos humanos son universalmente repudiadas, como es el caso del bloqueo a Cuba. Ahora esos argumentos oficiales quedan más huecos ante la condena de la mayoría del mundo –incluyendo a aliados– de las acciones bélicas israelíes en Gaza con la gran excepción del país que se proclama campeón mundial de los derechos humanos.

En una conferencia de prensa convocada con motivo del 75 aniversario de la declaración, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, sostuvo que “la comunidad internacional necesita insistir ‘a una voz’ sobre un cese el fuego inmediato por razones humanitarias”.

Human Rights Watch indicó que existe el riesgo de incurrir en complicidad de crímenes de guerra cuando la casa Blanca continúa el suministro de armas y el escudo diplomático a Israel mientras éste comete atrocidades, incluyendo el castigo colectivo de la población civil palestina en Gaza.

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internaciona, comentó que no puede haber una justificación para continuar bloqueando que el Consejo de Seguridad de la ONU frene el masivo derramamiento de sangre civil.

Pero el gobierno de Joe Biden sencillamente ignora estos reclamos, incluso los pronunciados por voces e instancias reconocidas en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional.

Esa aplicación selectiva de la declaración universal no es nada nuevo: “Las élites políticas de Washington y el resto del gobierno tienden a ser unilaterales en su forma de abordar la política de derechos humanos…. Washington determina cuáles países están realizando prácticas adversas a los derechos humanos o minando a la democracia en casa, y estas son filtradas por una serie de cálculos geopolíticos o geoestratégicos”, explica el profesor Asli Bali de la Universidad de Yale en entrevista con la publicación digital Responsable Statecraft.

Así, los aliados que cometen abusos contra los derechos humanos o prácticas que minan la democracia son tratados en una canasta, y los adversarios, en otra.

Algunas organizaciones estadunidenses están actuando contra estas prácticas oficiales. El Centro por Derechos Constitucionales en Nueva York envió cartas a todos los legisladores del Congreso federal a principios de noviembre advirtiendo que podrían enfrentar acusaciones civiles o criminales como cómplices en un genocidio si votan a favor de nueva asistencia militar estadunidense para Israel.

Por separado, estos abogados ya presentaron una demanda legal contra el presidente Joe Biden a nombre de varios palestinos-estadunidenses, quienes acusan al mandatario de complicidad en el genocidio en Gaza.

En casa del herrero

A la vez, el ejercicio acotado de la declaración universal de derechos humanos no sólo sucede en el ámbito internacional.

Estados Unidos se proclama líder global en derechos humanos, señala la Unión Americana de Libertades Civiles, pero la ONU encuentra violaciones y abusos de diversos rubros en este país, como la brecha inmensa entre leyes estadunidenses y las normas internacionales de procuración de las garantías fundamentales de los ciudadanos, citando en particular el ultraje a los derechos de la población indígena, al voto, a la libertad de expresión y de asamblea, equidad de genero y de decisiones reproductivas, así como la reforma de leyes criminales y las garantías para los migrantes, entre otras.

Hoy, en el aniversario 75 de la declaración universal, muchas organizaciones han planeado celebraciones, pero cuando La Jornada preguntó a un defensor de causas sociales qué tipo de conmemoración merece este día, respondió con tono triste: lo que deberíamos estar haciendo son ritos fúnebres para marcar la muerte de la Declaración Universal de Derechos Humanos.