La Cámara de Diputados se erigirá este miércoles en jurado de procedencia para aprobar la declaración correspondiente y quitar el fuero al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, una vez que la sección instructora, por mayoría de tres votos y una abstención, avaló ayer el dictamen para retirarle la inmunidad al funcionario a fin de que sea procesado penalmente.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, al concluir la sesión ordinaria informó a los legisladores que recibió el dictamen de la Sección Instructora, para que el pleno de la cámara baja se erija en jurado de procedencia y deje al fiscal sin fuero. Puso la propuesta a consideración de la asamblea y se aprobó.

Se requiere mayoría simple en el pleno para aprobar el desafuero, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes en San Lázaro.

Votaron a favor del dictamen los diputados morenistas Humberto Pérez Bernabe (presidente de ese órgano jurisdiccional) y Leonel Godoy, así como el priísta Rubén Moreira. El panista José Elías Lixa se abstuvo.

El dictamen fue turnado ayer mismo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que su presidenta, la priísta Guerra, notifique a las partes involucradas: la Fiscalía General de la República (FGR) y el fiscal general de Morelos, Carmona Gándara. Ellos decidirán si asisten este miércoles a la sesión en San Lázaro o envían representantes, aseveró en entrevista Pérez Bernabe.

Tuvimos elementos suficientes para avalarlo y que se proceda a retirársele el fuero con la finalidad de que se proceda penalmente.

El panista Lixa manifestó que votó en abstención el dictamen porque consideró que aún había tiempo para continuar analizando el asunto, pues era apresurado aprobarlo al término del periodo legislativo.

–¿Cuál es la acusación? –se le insistió a Pérez Bernabe.

–Dos delitos. Uno de ellos, ejercicio indebido del cargo. Debemos cuidar el proceso. Por lo delicado del tema no puedo dar más detalles. Mañana (miércoles) se conocerá el dictamen a detalle”, dijo.

La FGR, en su denuncia, determinó que el fiscal fue designado y ejerce el cargo desde 2018 a pesar de que no cumple con los requisitos legales y constitucionales exigidos para ocuparlo, pues aparecía como inactivo en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y no contaba con evaluaciones de control de confianza, que son requisitos indispensables.

Además, ya como fiscal designó a los fiscales especializados de combate a la corrupción, regional de la zona sur poniente, regional de la zona oriente, en desaparición forzada de personas y de representación para grupos vulnerables, aun cuando éstos tampoco habían aprobado los exámenes de control de confianza.