El próximo primero de enero vence el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó para que el manejo de la Guardia Nacional (GN) vuelva a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que en abril pasado los ministros invalidaron el traslado de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 137/2022, promovida por senadores de oposición, el pleno del máximo tribunal invalidó la parte nodal de las reformas legales que permitían integrar la GN a las fuerzas armadas.

Cuando discutieron los efectos de esta decisión, el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso inicialmente que el fallo tuviera aplicación desde el primero de diciembre de este mismo año, pero durante el análisis se hizo notar que el traslado de las responsabilidades de la GN de una secretaría a otra implicaría previsiones financieras que sólo serían posibles en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2024.

De tal suerte que, en ese plazo, las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional, corresponde a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública. Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado en forma plena, paulatina y ordenada, señaló González Alcántara.

Es así que en el PEF 2024 se contempló un presupuesto de 37 mil 810 millones 495 mil 53 pesos etiquetados a la SSPC, destinados a la operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos.

La decisión de los ministros se fundó en el artículo 21 de la Constitución en el que se define a la GN como una institución de seguridad pública de carácter civil. Por lo que, sin reformar este precepto constitucional, no era posible ponerla bajo el control administrativo, operativo y jerárquico de la Sedena.

Parte de las reformas a la GN que no fueron modificadas incluyen la obligación de las fuerzas armadas de presentar un informe semestral al Senado sobre su participación en las tareas de seguridad pública.