Por primera vez en la historia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un presidente de la República no asistirá al informe anual de labores del máximo tribunal, que será rendido por la ministra Norma Lucía Piña, quien tomó posesión del cargo en enero pasado.

En el documento, que dará a conocer íntegro el jueves próximo, la ministra presidenta afirma que el máximo tribunal tiene como principal responsabilidad asegurar la vigencia del orden constitucional, privilegiando la independencia judicial.

Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) confirmaron que se hizo llegar la invitación protocolaria como cada año al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que hasta la víspera del informe no había confirmado su asistencia, por lo que los organizadores dan por descontado que no estará, aunque no descartan que envíe un representante.

Respeto a los otros poderes

Añadieron que la invitación al presidente de la República, así como a los dirigentes en turno de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, no es una obligación legal, sino sólo una deferencia para con los otros Poderes de la Unión.

Explicaron que el artículo 14 de la Ley Orgánica del PJF únicamente establece que quien presida el máximo tribunal debe rendir ante las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, al finalizar el segundo periodo de sesiones de cada año, el informe de labores del Poder Judicial de la Federación.

La ausencia del Presidente se sumaría a los desencuentros que ha sostenido con el PJF y con la ministra Piña, con quien no se reúne desde el 5 de febrero pasado cuando, durante la ceremonia por el aniversario de la Constitución, ella no se puso de pie cuando López Obrador entró al Teatro de la República.

Parte del informe de la ministra Piña ya fue dado a conocer. En él resalta la necesidad de mantener la defensa de los principios constitucionales.

Respecto al combate a la corrupción, señala que se atendieron 391 denuncias, que permitieron vincular a proceso a un magistrado federal, al chofer de un ex funcionario público y a un secretario particular.