l enfrentamiento de la clase política contra el poder judicial no es nuevo ni nacional. Se da en todo del mundo. La particularidad mexicana es la imposibilidad de usar el derecho de réplica. Con independencia de los comunicados que hace el poder judicial federal (PJF), ningún ministro, magistrado o juez tiene un foro como el utilizado por el presidente en sus conferencias mañaneras, ni acceso a este.

La composición política legislativa sigue al ejecutivo, como se ve en temas presupuestales o de logística laboral (se buscó regular las adscripciones, la forma de elegir jueces, se busca que el PJF pague los envíos de correos, etc.). Se busca modificar legislaciones que tardaron décadas en formarse. Por ejemplo, La ley de amparo tiene tanto alcance porque se hizo precisamente para frenar los abusos desmedidos de las autoridades: las desapariciones postrevolucionarias, replicadas durante décadas con las masacres de Tlatelolco y el Halconazo como puntos señeros, los caciques omnipotentes, entre muchas otras causas, parecen haberse olvidado para los políticos que fueron verdaderos luchadores sociales.

Políticos y legisladores olvidan que el verdadero afectado no es el funcionario judicial que renunciará al cargo para litigar contra el gobierno en juicios nacionales o internacionales, sabedor de sus debilidades, empezando por los mínimos sueldos de quienes laboran en las áreas jurídicas de las entidades públicas. El afectado es el ciudadano que tardará años en resolver un juicio para luego tardar más años en cobrar o en salir de la cárcel o en recuperar sus bienes o en tener acceso a sus hijos o en las muchas cosas que están en juego en cada juicio. Para que el Estado funcione, deben tener la misma importancia el poder político y la población. Para lograrlo está el Estado de Derecho.