l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentran envueltos en pugnas intestinas que paralizan su funcionamiento y, sobre todo, exhiben a ojos de la ciudadanía que estas instancias tan presuntuosas y hasta pedantes con respecto a su pretendida independencia e imparcialidad están desgarradas entre facciones que responden a filias, fobias, lealtades y ambiciones en todo punto ajenas a sus funciones constitucionales.
En el caso del TEPJF, la operación para defenestrar al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón dejó al descubierto que el máximo tribunal en la materia continúa rodando por una pendiente de descomposición que cada día erosiona la escasa credibilidad que le pudiera quedar. Más allá de la veracidad de las acusaciones vertidas contra Rodríguez Mondragón y de la muy cuestionable manera en que el funcionario llegó al cargo, tanto la falta de profesionalismo de sus adversarios (quienes llegaron a publicar en redes sociales una fotografía donde sonríen y añaden un texto burlón mientras desayunan en un horario en que debían asistir a una reunión con el presidente del organismo) como el hecho de que se trate del tercer titular del TEPJF derrocado por sus propios compañeros en cinco años evidencian la crisis del tribunal y la inmoralidad de sus integrantes.
Los modos y los tiempos con que se han llevado a cabo estos golpes de mano generan la fuerte impresión de que quienes participaron en ellos no lo hicieron movidos por un genuino interés en el fortalecimiento institucional y la prevalencia de la legalidad, sino guiados meramente por las más vulgares ambiciones y un ramplón faccionalismo que no puede tener cabida en organismos cuyas decisiones son capaces de alterar de manera trágica el devenir del Estado: no puede olvidarse que el TEPJF y el INE han tenido la última palabra tanto para dejar impunes a flagrantes criminales electorales como para derribar candidaturas que contaban con un amplio respaldo popular pretextando nimiedades procedimentales.
Por su lado, el INE se halla sumido desde abril en un conflicto interno que amenaza su capacidad para conducir y supervisar los comicios del año entrante. Un bloque de seis consejeros ha saboteado el trabajo de la consejera presidente Guadalupe Taddei negándole la aprobación de sus propuestas para varias direcciones y la Secretaría Ejecutiva, responsable de la operación administrativa y representación jurídica del instituto. Dichas instancias constituyen la columna vertebral del organismo, puesto que allí se toman las decisiones operativas. Los responsables del boicot son, en su mayoría, consejeros de filias claramente derechistas que durante años fueron acaudillados por los inefables Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Este grupo pretende mantener dentro del instituto una orientación conservadora que ya no corresponde con la realidad interna ni con el sentir mayoritario de la ciudadanía, así como perpetuar los escandalosos privilegios que se volvieron el sello del cordovato y que hundieron al árbitro de los comicios en un hondo desprestigio.
En estos momentos, está lejos de quedar garantizada la competencia del INE para organizar y calificar las elecciones federales de junio de 2024, y el TEPJF entra a dicho proceso con serias dudas acerca de la idoneidad de los magistrados para conocer casos y dictar sentencias con apego a derecho. Las ambiciones personales y la falta de escrúpulos de algunos individuos ponen en duda el desarrollo y el resultado de los comicios meses antes de que éstos tengan lugar, un escenario deplorable que remarca la urgencia de reformar éstas y otras instancias diseñadas para servir a la oligarquía derrotada en las urnas en 2018.
