Bogotá. La advertencia del presidente Gustavo Petro a las guerrillas de suspender el alto al fuego si éstas no se comprometen a abandonar las economías ilícitas para financiarse, dejó en suspenso los frágiles acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo que el gobierno tiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), opinaron hoy analistas locales y fuentes cercanas a los grupos insurgentes.

El gobierno nacional no ve prioritario el cese del fuego si no está precedido de una discusión sobre la destrucción y remplazo de las economías ilícitas, dijo Petro en la tarde del viernes durante una ceremonia de ascensos militares.

El jefe de Estado se refirió específicamente al secuestro y a la cocaína y aseguró que lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad.

Con el tema del secuestro en el centro de la discusión en las negociaciones de paz con el ELN, luego de que esta guerrilla plagiara en octubre pasado al padre del futbolista Luis Diaz, las palabras de Petro provocaron respuestas inmediatas de la comandancia insurgente en redes sociales.

La principal economía ilegal en Colombia es la corrupción política, de la cual el actual gobierno no ha sido el del cambio, dijo en X el ELN y agregó que no tiene sentido un cese el fuego si el gobierno no ordena medidas eficaces para combatir todas las formas de paramilitarismo que afectan a las comunidades en todo el territorio nacional.

Por su parte, fuentes del denominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, dijeron a La Jornada que leían las palabras del presidente como un ultimátum innecesario destinado a apaciguar los ánimos de los militares y advirtieron que con este tipo de advertencias se está labrando el comienzo del fin de las negociaciones de paz.

Tanto el ELN como el EMC sostienen conversaciones formales de paz con el gobierno y ambas guerrillas tienen vigente un acuerdo de alto al fuego temporal y bilateral con el Estado que en el primer caso termina el 29 de enero del próximo año y en el segundo el próximo 31 de diciembre.

El analista político Horacio Duque, especialista en temas de paz, destacó que varios estudios publicados recientemente arrojan cifras contundentes sobre los beneficios de estos ceses para la población civil que vive en los territorios más afectados por la violencia, y confió en que todas las partes harán esfuerzos para que las treguas vigentes se renueven automáticamente, tal como se establece en los decretos que dieron origen al cese.

No obstante, si ello no ocurre –dijo Duque– puede suceder que las negociaciones continúen en medio de la confrontación bélica, como ya ha ocurrido otras veces en la larga historia de la búsqueda de la paz definitiva para Colombia.

El quinto ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN, que tiene lugar en México, deberá terminar la próxima semana en medio de una creciente expectativa nacional sobre si la declaración final de la ronda contendrá o no un compromiso del grupo rebelde a excluir el secuestro de sus prácticas financieras. Mensajes recientes de voceros insurgentes han enfatizado que este asunto no figura en los temas de la agenda pactada con el gobierno y han argumentado que si ellos abandonan sus métodos para financiarse, el Estado debería asumir los costos de mantener una guerrilla estimada en unos 4 mil combatientes.

A comienzos de la semana que termina, al concluir su segunda ronda de negociaciones con el gobierno, las disidencias de las FARC se comprometieron a no secuestrar más y a devolver cuanto antes a las personas plagiadas que están en su poder.