Santiago. Bajo el impacto que va dejando la corrupción, los delitos de cuello y corbata y la violencia de la delincuencia común, casi 16 millones van obligatoriamente a las urnas hoy en Chile para decidir acerca del destino constitucional del país.

Apenas anteayer, el país fue impactado al revelarse que la policía arrestó a 55 empresarios que cometieron, entre 2016 y 2022, delitos tributarios por cerca de 300 millones de dólares, emitiendo facturas que simulaban transacciones para obtener espuriamente devoluciones de impuestos.

Casi simultáneamente, una jueza dejó en prisión preventiva a dos operadores políticos del partido oficialista Revolución Democrática. Se trata de una trama que la derecha ha explotado profusamente para fastidiar a la presidencia de Gabriel Boric y al Frente Amplio, la coalición de noveles organizaciones que se auparon al poder político arremetiendo contra la vieja dirigencia política.

Supuestos practicantes de una ética mayor en los asuntos públicos, figuran accediendo a dineros del Ministerio de la Vivienda, transferidos a fundaciones inexpertas a cargo de militantes, para pagar trabajo partidario en comunidades marginales, en un esquema que se replica en muchas regiones.

Boric ha dicho que se trata de un caso de corrupción intolerable, si bien quienes figuran involucrados aseguran que los dineros fueron bien gastados en asistencia social en los campamentos donde operaban.

Inseguridad creciente

En cuanto a la delincuencia común, el país se sorprende diariamente con crímenes violentos: asesinatos en la vía pública, sicariato, encerronas en las carreteras urbanas y portonazos, que consisten en asaltar a quien llega a su casa. Este sábado, en un centro comercial capitalino, repleto de público en compras navideñas, una banda asaltó a balazos una tienda de dispositivos tecnológicos.

¿Qué tiene que ver todo aquello con la Constitución? En apariencia poco o nada, pero la derecha propagandizó el texto que redactó sin contrapeso, gracias a su mayoría absoluta en el Consejo Constitucional, como la de las libertades y la seguridad, enfatizando que aumentará las penas y que no tolerará el ingreso ni la permanencia de migrantes ilegales, señalados como protagonistas de la ola delictiva.

La derecha se esmeró en identificar al en contra con Boric, prácticamente sometiendo a referéndum su presidencia.

La centroizquierda dice que el texto a plebiscitar es incluso más retrógrado que la constitución neoliberal vigente, porque amenaza derechos sociales, resta conquistas de género femeninas, elimina impuestos que pagan los ricos, constitucionaliza la salud y la seguridad social privadas. En fin, porque consolida aún más el Chile neoliberal del cual, se dijo, la sociedad trató de escapar hace cuatro años, cuando protagonizó un alzamiento ciudadano sin precedente.

Según Alejandro Köhler, la esencia del texto impuesto por la mayoría circunstancial de las derechas bajo hegemonía del Partido Republicano polarizará al país, pues la exclusión de otras ideas democráticas redundará en sostenidas crisis políticas y sociales.

Los observadores coinciden en que la sociedad chilena está hastiada del tema constitucional, porque las secuelas que dejó la pandemia en cuanto a desempleo, endeudamiento y precariedad de los hogares, cambiaron las prioridades. Sea cual sea el resultado, en lo inmediato la discusión estará terminada.

Encuestas conocidas hoy por redes sociales (está vedada su publicación en medios públicos), ratifican la tendencia de que ganará el en contra: la Universidad del Desarrollo (@UDD.cl) divulgó datos el viernes a partir de un sondeo a 7 mil 580 personas, según los cuales el resultado sería 57.5 a 42,5 por ciento, una ventaja de 1.7 millones de votos favorable al en contra.