Chilpancingo, Gro., Arturo García Jiménez, asesor general de la Coordinadora Nacional de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, consideró que la propuesta del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, de gravar las tierras comunales y ejidales, incluida en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2024 de esa entidad, es para privatizar y para que el ejido pague impuestos, ya sea con un título de propiedad, y que el municipio y el estado incrementen la captación fiscal.

En entrevista, señaló que quien redactó dicha iniciativa no conoce la ley, porque privatizar es obtener el dominio pleno de un terreno; es decir, volver el ejido o los bienes comunales en propiedad privada.

Explicó que en Oaxaca los núcleos agrarios, el ejido y la comunidad no quisieron certificarse. La propuesta de Jara Cruz, aprobaba por el Congreso local, muestra un desconocimiento pleno de la ley; por eso proponen la aprobación del programa Certeza Jurídica de la Seguridad y el Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidales y comunales.

García Jiménez refirió que casi la mitad de los ejidos no están certificados, debido a que dicho proceso cuesta mucho dinero. Apuntó que hay un programa del Registro Agrario Nacional (RAN) que apoya ese trámite, pero en Oaxaca son 853 ejidos y 735 comunidades, y si sumas los dos encontrarás que 63 por ciento no está certificado, y por lo tanto, no pueden hacer ningún movimiento”.

Puntualizó que obtener el dominio pleno o privatizar el ejido es facultad del gobierno federal y está regulado por la Ley Agraria, el artículo 27 constitucional, las normas del RAN y la Procuraduría Agraria.

Recordó que los problemas del campo en las últimas décadas han sido la certidumbre jurídica, el rezago agrario y la privatización. La Ley (de Carlos ) Salinas de Gortari, en 1992, que modificó el artículo 27 constitucional y creó la Ley Agraria, habla de dos temas importantes, uno es el dominio pleno, para no decir privatización.

El propósito de Salinas de Gortari fue convertir la parcela ejidal en propiedad privada y con ello tener el dominio pleno para vender, convertir las áreas más rentables, las playas, las minas, los bosques y los manantiales en propiedad privada, y de un día para otro colocarle el símbolo de dólares al país.

Por fortuna, subrayó Arturo García, “las asambleas no permitieron eso, aunque 5 millones de hectáreas de las más rentables se privatizaron. Los empresarios usufructuaron las tierras; ahora están de moda los cultivos comerciales para el uso del agua y otros como los que llaman captura de carbono, o sea, el mantenimiento de los bosques, de los ejidos y comunidades. Estos contratos son por 30 años.

Los bonos de carbono los meten en la Bolsa (Mexicana de Valores) y los que ganan son ellos, porque venden la idea de que están capturando carbono y generando oxígeno, rentando la tierra para tal efecto.

No hay que olvidar, agregó, que Oaxaca es un estado eminentemente indígena; en gran parte de él no se permitió que la tierra se certificara y como 43 por ciento del territorio ejidal y la comunidad rural están certificados.

Dijo que en Guerrero la mayoría de los predios están certificados y cada ejidatario tiene su documento de derechos parcelarios, lo cual les da certidumbre jurídica. Lo que ocurre “es que muchos ejidos se van conurbando, como sucede en Icacos, donde es ejido en papel, porque el Campo de Tenis, el Centro Internacional Acapulco, donde se va a construir un hospital, es parte de ese ejido, pero todo está privatizado.

Imaginemos que los valles centrales de Oaxaca, la Mixteca, la Costa y las zonas indígenas, que son 78 por ciento del territorio, se privaticen. Sería una locura. El gobernador (Salomón Jara), aunque sea de Morena, o es neoliberal, antiagrarista, o fue una ocurrencia suya, concluyó.