Oaxaca, Oax., Más de 50 organizaciones defensoras de derechos humanos, tierras ejidales y bienes comunales exigieron al gobernador morenista Salomón Jara Cruz que derogue de inmediato el artículo 25 de la Ley Estatal de Ingresos 2024, así como el programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, incluido en la misma norma, porque atentan contra la propiedad social.

En un documento, los inconformes externaron su desacuerdo ante la intención del gobierno estatal de obtener más recursos mediante la privatización de la tierra, como quiso hacerlo en 1992 el ex presidente priísta Carlos Salinas de Gortari.

Señalaron que es lamentable que a pesar de que Jara Cruz de origen zapoteco desconozca las aportaciones que realizan los pueblos y comunidades indígenas al erario estatal y federal mediante su forma de organización social con tequios, faenas, servicios comunitarios, cargos, comités y asambleas, cuyos montos son superiores a las inversiones que realiza el Estado en nuestras comunidades a través de proyectos sociales y asistencialistas.

Puntualizaron que la pretensión del “gobierno de la (autodenominada) primavera oaxaqueña de incrementar la base recaudatoria por pago de derechos catastrales y registrales demuestra claramente su desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, indígenas y núcleos ejidales, aun cuando se identifica como un gobierno de ‘territorios y no de escritorios’”.

Ya entró en vigor

Insistieron en que el decreto aprobado el 6 de diciembre, que ya fue publicado en el diario oficial del estado y por tanto ya entró en vigor, representa la política neoliberal del salinismo y su intención de acabar con la propiedad social.

El programa que se pretende implementar no beneficia en lo absoluto a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros; la certeza jurídica es para los inversionistas nacionales y extranjeros que codician los recursos naturales existentes en nuestros territorios, para con ello garantizarles sus jugosos negocios, recalcaron. El régimen recaudador capitalista que pretenden imponer, indicaron, atenta contra la vida de los ejidos y comunidades.