Guadalajara, Jal., Un paquete de ocho recomendaciones dirigidas a los alcaldes de Guadalajara (dos), Tonalá (dos), Zapopan (una), además de una para el secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores, y dos para el fiscal Luis Joaquín Méndez fueron emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por diversas violaciones, entre las que destacan 24 quejas integradas en una sola recomendación por la desaparición de 31 personas.

Este último caso, concentrado en la recomendación 31/2023, se refiere a la investigación ejecutada de las 24 quejas interpuestas por familiares de 31 ciudadanos que fueron desaparecidas en Jalisco entre 2016 y 2022, en los municipios de Atenguillo (uno), Atotonilco El Alto (uno), Chapala (uno), Puerto Vallarta (uno), San Pedro Tlaquepaque (dos), Teocaltiche (uno), Tonalá (uno), Tlajomulco (cinco), Guadalajara (tres) y Zapopan (ocho).

Las dilaciones de la emisión de dictámenes y las respectivas confrontas de ADN fueron uno de los factores comunes en el peregrinar de los parientes, quienes expresaron a la CEDHJ su desesperación y frustración ante la falta de acciones efectivas de las autoridades que representan a las distintas instituciones del estado.

Las quejas fueron presentadas en el periodo de 2020 a 2022. En cada una de ellas se denunció la desaparición de una o varias personas. Se trata de cuatro mujeres y 27 hombres cuyas edades oscilan entre 18 y 75 años. De éstas, 13 fueron localizadas sin vida y el resto no han sido halladas, precisó la CEDHJ.

En al menos tres de las quejas se incluye como responsables a policías municipales y servidores públicos coludidos con grupos delincuenciales, pero el señalamiento constante es la actuación tardía, deficiente y omisa, entre otras, por parte de autoridades ministeriales, policiales y periciales en la investigación, búsqueda y localización de los desaparecidos e identificación de los cuerpos y segmentos humanos hallados.

Asimismo, se constató que uno de los problemas más recurrentes entre los responsables de las búsquedas de ciudadanos es la nula o poca coordinación.

En los casos de inconformidad contra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no se aplicaron de manera inmediata y de forma efectiva los medios de identificación que establece el Protocolo para el Tratamiento de Identificación Forense, y se volvió a pedir muestra genética a familiares tiempo después de la primera entrega, detalló.

Esta recomendación integradora fue dirigida de manera conjunta a los titulares de la Fiscalía del Estado, Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, además de los presidentes municipales de Teocaltiche y Atotonilco el Alto; al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y al secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Tortura y abusos

La recomendación 24 fue dirigida al alcalde emecista de Guadalajara, Francisco Ramírez, por la violación de derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, así como a la legalidad y seguridad jurídica y falsedad de declaraciones.

La 25 también es para el edil de la capital jalisciense por la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal por detención ilegal, y a la integridad y seguridad personal, por tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La recomendación 26 es para el presidente municipal de Tonalá, el morenista Sergio Chávez, por la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, y por el ejercicio indebido de la función pública, al igual que la 27, por la detención ilegal y tortura a la que fue sometida una mujer por policías municipales.

La 28 se dirigió al secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, por la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y sicológica.

Mientras, la 29 fue dirigida al edil de Zapopan, el emecista Juan José Frangie, por la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y sicológica de una servidora pública adscrita a la comisaría de seguridad pública.

Finalmente, la recomendación 30 también fue dirigida al fiscal Luis Joaquín Méndez por la violación a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal por tortura, y al trato digno.