Para garantizar el derecho a la identidad y reconocimiento de nacionalidad de menores de edad migrantes y solicitantes de asilo en territorio nacional, la diputada priísta Sofía Carvajal Isunza planteó reformar los artículos 19 y 20 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La legisladora propone que en los casos de menores que cumplan con los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana se les brinden facilidades para darles un trato prioritario.

Establece en la iniciativa que las oficinas del Registro Civil de las entidades federativas deberán obligatoriamente instalar mensualmente módulos en albergues, estaciones migratorias, centros de detención y refugios de personas migrantes y solicitantes de asilo, a efectos de facilitar la inscripción de niñas, niños y adolescentes en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita.

Carvajal Isunza precisa que tanto en los centros como en los módulos no se podrán detener, retener o realizar cualquier acto administrativo migratorio en perjuicio de los padres o madres de las niñas, niños y adolescentes que serán inscritos en el Registro Civil.

La diputada del tricolor destaca que las autoridades competentes deberán establecer criterios diferenciados y simplificados en la tramitación de niñas, niños y adolescentes que cumplan con los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana.

En su iniciativa, que se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su dictaminación, la legisladora subraya que la migración es una realidad diversa y cambiante en la vida de millones de personas alrededor del mundo, principalmente en el caso de la infancia, en la cual converge una multiplicidad de factores, tales como la vulnerabilidad, desprotección, ausencia de acompañantes e incluso la carencia de identidad y nacionalidad.

Carvajal Isunza expone la necesidad de establecer procedimientos de registro que entiendan la realidad de la migración y puedan adaptarse en favor del bienestar superior del menor.

En ese contexto, indica que a los menores y adolescentes migrantes no podrá exigírseles documentos de difícil acceso en su país de origen, en caso de duda, se estará a favor del interés superior del menor.

Sostiene que los menores que no cuentan con un registro de identidad carecen también de acceso a derechos básicos, como salud y educación, hecho que deriva en limitaciones que abonan a ampliar la brecha de desigualdad respecto de otros niños.