El miedo a sufrir agresiones o represalias impide que los ciudadanos procedan cuando tienen un conflicto con vecinos, como ruido excesivo, obstrucción del espacio público y áreas comunes, tirar basura o posesión irresponsable de mascotas, que son casos que se presentan en zonas residenciales, unidades habitacionales, privadas e incluso casas particulares, informó Erick Gustavo González, integrante de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica.

De más de mil personas atendidas en 12 semanas en el juzgado cívico itinerante número 2 de las Unidades de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, sólo se firmaron entre 15 y 20 convenios conciliatorios, equivalentes a 1.5 y 2 por ciento, respectivamente.

A la gente le cuesta trabajo levantar una denuncia porque desean que fuesen anónimas, lo que es imposible, de acuerdo con nuestra legislación, así que nuestra función es animarlos y orientarlos para que se decidan a actuar.

Señaló que una de las particularidades de los convenios conciliatorios es que se establece una cláusula de no repetición de la conducta que generó el proceso, pero si el afectado volviera a sentir un agravio puede acudir nuevamente al juzgado cívico para evitar que dicha conducta escale.

El funcionario de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales explicó que el juez cívico puede aplicar una multa, arresto o trabajo en favor de la comunidad, al que la nueva justicia cívica da prioridad, como una forma de cambio conductual del infractor.

De esta manera un ciudadano puede acercarse al juzgado cívico correspondiente o, en su momento, aprovechar estas unidades móviles de gestión de conflictos para generar una conciliación por medio del diálogo con el responsable.

Jocelyn Romero, también trabajadora de la dicha dependencia, destacó que con estas unidades móviles se busca alcanzar una solución pacífica mediante el diálogo con la mediación que lleva en promedio dos horas, en lugar de todo un procedimiento largo.

En caso de no llegar a un acuerdo ahora se busca que el infractor cumpla su sanción de forma alternativa mediante su intervención en el espacio público en tareas de balizamiento, reforestación, limpieza y barrido fino en beneficio de la ciudad.

Otros infractores que participan en dichas tareas a favor de la comunidad son los que obstruyen el libre tránsito, vagoneros del Metro, quienes ingieren bebidas alcohólicas en la vía pública o tiran una basurita, lo cual les repercute en un mayor nivel de responsabilidad y evita que reincidan.