l presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que de los 110 mil reportes de desaparición de personas existentes el 22 de agosto, actualmente hay 92 mil, porque se ha confirmado la localización de 16 mil 681 individuos.

Hace dos semanas, la Secretaría de Gobernación (SG) presentó un balance de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, según el cual sólo se ha confirmado la desaparición de 12 mil 377, pues en el resto de los casos hay uno o varios datos faltantes que impiden tener certeza acerca de la situación de los ausentes. Estas cifras generaron una ola de indignación entre los familiares de víctimas de desaparición y los organismos que los respaldan, pues fueron interpretadas como un intento del gobierno federal de desaparecer a los desaparecidos; es decir, de desentenderse de su responsabilidad de resolver esta grave crisis de derechos humanos.

En respuesta a los reclamos de particulares y organizaciones, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) explicó mediante un comunicado las categorías y subcategorías en que clasificó sus archivos, además de la correspondiente a quienes ya fueron localizados, la de los denominados ubicados (hay indicios de que se encuentran con vida o de que realizaron acciones después de la fecha en que se reportó su desaparición, pero no se les ha localizado de manera efectiva); la de ubicados sin vida (existen coincidencias con registros forenses, pero es necesaria la confirmación por parte de un familiar); la de sin indicios para la búsqueda (se confirmó la identidad de la persona, pero la información obtenida no es suficiente para su localización); aquellos en los que no es posible contactar al reportante para obtener más información, ya que se hizo un registro anónimo sin proporcionar datos de contacto; la de registros sin datos suficientes para corroborar identidad, y la de casos confirmados, en la que las denuncias fueron corroboradas por los propios familiares en la estrategia de búsqueda casa por casa o llamada telefónica.

Es claro, pues, que hay en el gobierno fede-ral el propósito de facilitar la búsqueda y ponerorden en la maraña de datos que se han acumulado a lo largo de décadas. En este sentido, es importante remarcar que se habla de registros no por insensibilidad ni para deshumanizar a los desaparecidos, sino porque en muchos casos resulta imposible vincular un expediente a una persona concreta. Por ejemplo, cuando se reporta mediante una llamada anónima una desaparición y se proporciona el nombre de pila o el apodo de la persona desaparecida, pero no se ofrecen los datos suficientes para determinar si efectivamente hay un caso de desaparición forzada ni medios de contacto para dar seguimiento a su denuncia, las autoridades están obligadas a abrir un expediente y se suma así un registro en la CNB, pero ello no significa necesariamente que haya un caso real que investigar. Incluso si lo hay, varios testigos pueden hacer distintos reportes, y así se abrirá así una serie de expedientes cuando sólo hay una víctima.

Por ello, es necesario depurar los archivos y establecer parámetros a fin de dar una dirección a los esfuerzos de búsqueda. Lamentablemente, la necesaria exigencia de rendición de cuentas se ve enturbiada por discursos di-rigidos al golpeteo político y a manipular laopinión pública. Lejos de ayudar a la resoluciónde esta dolorosa problemática, el envenenamiento del clima social por parte de medios decomunicación y figuras opositoras irresponsa-bles alimenta la desconfianza de las víctimas indirectas (familiares y entorno de los desaparecidos) hacia las autoridades, lo cual aleja las perspectivas de esclarecimiento y justicia.

La muestra más obvia de este afán de adulteración de la realidad lo constituye el bulo, repetido hasta el cansancio por diversos comentócratas, de que en el actual sexenio han desaparecido más de 100 mil personas: el hecho, bien conocido, es que esa cifra corresponde a la suma de todas las denuncias de desaparición desde la década de 1970 hasta la fecha, descontando a quienes fueron localizados con o sin vida en el mismo periodo. Asimismo, se ha tratado de instalar la percepción de que el gobierno federal carece de voluntad para encontrar a los desaparecidos, una falacia desmentida tanto por la cantidad de personas localizadas como por la nueva metodología desarrollada para avanzar en los trabajos de búsqueda.