En falta desde hace más de una década, el Congreso de la Unión está obligado a aprobar antes de que concluya la actual legislatura la nueva Ley General de Aguas, que no ha podido concretarse desde 2013 por las fuertes presiones empresariales que pretenden apoderarse cada vez más del líquido vital, advirtieron José Narro y Gilberto Herrera, senadores de Morena.

En entrevistas por separado, coincidieron con lo expresado la víspera por la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivero, que es uno de los temas prioritarios para el periodo de sesiones de febrero, ya que debe detenerse el proceso de privatización que ha permitido a mineras, refresqueras y lecheras concentrar la mayor parte del recurso, mientras más de 40 millones de mexicanos carecen de agua potable.

Narro destacó que es un asunto que heredaron de otras legislaturas, ya que la reforma al artículo cuarto constitucional aprobada en 2012, que consagró el derecho de la población al acceso al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, dio al Congreso un plazo de un año para crear la ley reglamentaria que permitiera llevar a la práctica ese ordenamiento, que venció el 14 de febrero de 2013.

En 2018, al iniciar la legislatura, encontraron ese pendiente, que no han podido tampoco sacar, explicó, por lo que la Suprema Corte puso como plazo el fin de esta legislatura, que concluye el 30 de agosto. Sin embargo, aseveró, de hecho queda ya sólo un periodo ordinario, el de febrero, y la última oportunidad para aprobar esa ley.

Reconoció que las presiones empresariales continuarán, pero deben hacer un esfuerzo para que la norma salga, ya que no es posible que los poderosos sigan acaparando el líquido vital y despojando a las comunidades de sus recursos hídricos, en momentos además en que está latente el problema de las sequías padecidas en parte del territorio nacional.

El senador Herrera Ruiz resaltó que se ha hecho un gran negocio con el agua en varias regiones del país, como en Querétaro, donde el Congreso local aprobó una ley que permite privatizar el recurso, lo que se aprovechó ya en el municipio de Amealco, donde hay saqueo del líquido vital. Para evitarlo, explicó, la nueva ley debe señalar la propiedad exclusiva de las comunidades indígenas de sus ríos, manantiales y demás recursos hídricos.

Resaltó que dado que no se requiere mayoría calificada, Morena y sus aliados cuentan con los votos para aprobar esa reforma y parar la privatización en estados gobernados por el PAN, como Querétaro, Aguascalientes y Yucatán, donde empresas nacionales y extranjeras prestan el servicio de agua potable con grandes ganancias.