El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, propuso una reforma a la Constitución de la Ciudad de México para que el fiscal general de Justicia y los titulares de las fiscalías especializadas sean elegidos mediante el voto popular.

Su iniciativa de reforma consiste en suprimir el artículo 37 de la Carta Magna local a fin de eliminar al Consejo Judicial Ciudadano, que actualmente tiene la facultad de elegir la terna para presentarla al Congreso y nombre al fiscal general, al anticorrupción y al electoral.

También se modifica el artículo 44 para establecer que los titulares de la Fiscalía General, así como de las especializadas sean electos por voto universal, libre, directo y secreto. Además, amplía de cuatro a seis años su encargo, con posibilidad de relección por un periodo similar, ya sea sucesiva o alternada. Propone que los candidatos se presenten en forma de planilla a partir de las postulaciones hechas por partidos políticos o ciudadanos en los términos que fije la ley electoral.

En materia de requisitos para ser fiscal, propone derogar que no se haya desempeñado en un cargo de elección popular o de dirección en un partido político en el año previo, y establece que no podrán ser aspirantes quienes hayan sido condenados por cualquier delito, no sólo doloso, como se establece actualmente.

Ante el pleno del Congreso, Martínez Urincho explicó que varias fiscalías estatales, como la de Guanajuato, Morelos y Nuevo León, se han visto envueltas en situaciones complejas, “en corruptelas o componendas que ponen en riesgo el estado de derecho, por lo que esta iniciativa pretende que los ciudadanos elijan a los fiscales que conllevan la gran responsabilidad de procurar o garantizar el acceso a la justicia.

No hemos agotado todos los ejercicios democráticos que podamos llevar a cabo para la reconstrucción de las instituciones en beneficio del pueblo. Ya lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que poner lupa a estos órganos autónomos para que no sean nichos de impunidad y corrupción.