n nuevo año ha comenzado y, como todo inicio, nos ofrece la oportunidad de elaborar un doble ejercicio de balance y prospectiva que nos permita advertir los retos y las oportunidades que pueden traer consigo los días por venir. Este 2024, como bien se sabe, será un año marcado por un gran proceso electoral en el que están en juego más de 2 mil cargos de elección popular y resulta pertinente identificar los ejes de atención imprescindible en la agenda nacional, que condicionarán el clima en que se desarrollarán los comicios y que debieran ser también los asuntos privilegiados de debate y propuesta de los contendientes ante el electorado.
Será recordado 2023 como un tiempo de ríspido intercambio de narrativas entre las principales fuerzas políticas de nuestro país, que preparó el terreno para el proceso electoral y decantó a sus principales protagonistas. El año recién terminado fue escenario del aceleramiento de la marcha de una 4T apresurada por llevar a cabo reformas legislativas e inaugurar los macroproyectos insignia de la gestión del presidente López Obrador que le permitieran acreditar en la percepción pública una imagen de consolidación de un nuevo proyecto de nación.
Es preciso reconocer, que entre las luces de 2023 destacan dos muy importantes: una apreciable estabilidad macroeconómica, lograda gracias a múltiples factores internos y externos; y, desde luego, las reformas en el ámbito laboral, en las cuales el gobierno de la 4T ha mantenido un esfuerzo consistente por mejorar las garantías laborales del país para remediar una deuda que ha lastrado históricamente el bienestar social; y lo ha hecho, además, sin afectar las cifras del desempleo ni la inflación.
En las conferencias matutinas de cierre e inicio de año, López Obrador refrendó como temas prioritarios de su agenda la continuidad y profundización de los grandes programas sociales de su mandato, la operación de los proyectos de desarrollo en el sur, la estabilidad macroeconómica, la implementación de la nueva estrategia de abastecimiento de medicamentos y la reforma al Poder Judicial, entre otros. Si bien estos son temas que ciertamente merecen un lugar central, también queda claro que en dicha agenda se han dejado afuera otras de las principales deudas del Estado con su población, especialmente las relacionadas con los derechos humanos.
A cinco años del presente sexenio, la militarización continúa profundizándose en un país cuya violencia se mantiene en niveles altos; el ambiente sigue sin ser una prioridad aún a pesar de los embates cada vez más severos de los desastres socioambientales, como los experimentados el año pasado; la crisis de desaparición de personas se profundiza con el sutil desmantelamiento de las estructuras creadas para su atención y los balances democráticos siguen siendo debilitados a través de una narrativa oficial hostil contra cualquier contrapeso institucional y civil, así como a través de reformas legislativas de carácter regresivo y por la vía de la ocupación de cargos estratégicos en órganos autónomos por personas afines al régimen.
Una agenda pertinente para este 2024 marcado por las elecciones federales debería pasar, en primer lugar, por el aseguramiento de las garantías primordiales de un Estado democrático de derecho, promotor de un proceso electoral abierto, horizontal, dialógico y participativo, que permita fortalecer las bases de una ciudadanía crítica e informada por encima de la polarización partidista. Así, y más allá de los resultados de los comicios, resulta indispensable que el gobierno saliente y el entrante prioricen el diálogo plural con la ciudadanía y los organismos civiles. Para ello, será clave la fortaleza de nuestras instituciones para garantizar relevos de poder que no pongan en jaque la estabilidad política del país, sino que respeten y fortalezcan el sano equilibrio de pesos y contrapesos que garantizan la discusión y gestión de los conflictos sociales bajo estándares democráticos.
Aunado a estas garantías, es imprescindible que la agenda pública del presente año tome como punto de partida a los sectores desfavorecidos y a las víctimas de la violencia en el país que han sido sistemáticamente invisibilizadas y excluidas del interés por gobiernos de todos los sellos políticos. Asimismo, poner en el centro la preocupación por resarcir las principales deudas del Estado con sus mayorías excluidas, significa dar un lugar central y urgente a asuntos como las políticas migratorias, la construcción integral de paz y la reconciliación de nuestra sociedad. Del mismo modo, debiera ser clave la atención de la corrupción y la impunidad desde una perspectiva de ajuste estructural integral y crítico, no desde reformas superficiales y retóricas. Qué decir de los imperativos de atender cabalmente los efectos y las causas del cambio climático, respetar y promover la autodeterminación de los pueblos indígenas, garantizar la igualdad sustantiva de género e impulsar el avance progresivo de la agenda de derechos humanos en la legislación, en la estructura institucional y en el diseño y ejecución de políticas públicas.
La responsabilidad de cuidar tanto el entorno electoral como de reivindicar una agenda pertinente de discusión es compartida. Corresponde tanto al gobierno en turno como a los contendientes a ocupar cargos públicos poner como prioridad la discusión razonada de los asuntos verdaderamente urgentes y rechazar la tentación de alimentar la polarización política y social. Pero, indudablemente, también es responsabilidad nuestra, como ciudadanos, asumir nuestro protagonismo y capacidad de agencia para que los diálogos político-electorales giren en torno de alternativas para el buen vivir de nuestra sociedad y no sean ocasión para perpetuar el tradicional gatopardismo que cada cita electoral propone cambiarlo todo para que todo siga igual.
