ras meses de incertidumbre, Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron como presidente y vicepresidenta de Guatemala, respectivamente, tras haber sido elegidos con un contundente 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta de los comicios celebrada el 20 de agosto de 2023. Lo que debió ser un simple trámite protocolario se convirtió en una extenuante batalla contra el gobierno saliente del ultraderechista Alejandro Giamma-ttei, representante de una camarilla mafiosa (bautizada pacto de corruptos por los ciudadanos) que montó un fallido golpe de Estado técnico para anular ese resultado.

Después de meses de persecución y uso descarado del aparato judicial para eliminar políticamente a Arévalo y su partido, Movimiento Semilla, ayer la élite político-criminal se atrincheró en el Congreso y retrasó por más de ocho horas el cambio de poderes.

Finalmente, el pacto de corruptos tuvo que rendirse a la evidencia de que el mandatario electo es arropado por cientos de miles de ciudadanos, dispuestos a encarar la violencia y las intimidaciones con tal de defender lo que hace un año parecía impensable: el arribo a la presidencia de un personaje –y, ante todo, de un proyecto– sin vínculos con las mafias que han saqueado Guatemala y cuenta con la autoridad moral para emprender la lucha contra la impunidad.

Nadie espera que la tarea sea fácil. Arévalo recibe un país desgarrado por el más lacerante racismo, donde la mayoría indígena se encuentra excluida de la educación, del gobierno, de los medios de comunicación, de los puestos directivos; relegada a la agricultura de supervivencia, al comercio informal, a oficios y trabajos mal remunerados y al servicio doméstico de mestizos y blancos.

Se espera de él que transforme una sociedad donde la movilidad social está prácticamente cancelada y donde la clase dominante forma una casta cerrada que desconoce y desprecia la realidad del pueblo al que ha explotado por siglos.

Durante las multitudinarias manifestaciones contra los intentos de subvertir las elecciones pudo verse una imagen tan elocuente como estremecedora del abismo que separa al puñado de privilegiados del resto de sus compatriotas: los habitantes de los barrios más exclusivos apostaron guardias armados sobre los muros de los fraccionamientos por el temor de que sus hogares fueran invadidos por las chusmas.

La víspera de su investidura, el presidente Arévalo se dijo entusiasmado, porque estamos llegando al final de este proceso largo y tortuoso. Sin embargo, sería más preciso decir que ayer comenzó el complicadísimo proceso para desmantelar el régimen oligárquico, dotar a Guatemala de una auténtica democracia, saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas y sentar las bases para el desarrollo económico de la nación.

Todo ello, en un contexto de violencia criminal desbocada, fanatismo religioso que torpedea cualquier avance en materia de derechos humanos de las minorías, debilidad extrema del aparato estatal, el cual fue reducido a un mero brazo represor por los gobiernos neoliberales, sector industrial débil, monopólico y retrasado, concentración extrema de la riqueza y recursos naturales devastados o entregados al capital financiero.

Si lo anterior no fuera un desafío formidable, el mandatario y el movimiento ciudadano que lo ha mantenido en pie tendrán que enfrentarse a la fracción de la oligarquía que intentó retener el Poder Ejecutivo hasta el último minuto y que no experimentará ningún escrúpulo en usar su músculo judicial, financiero y criminal para descarrilar la nueva primavera guatemalteca, incluso si su revanchismo implica arrasar con el país.

Ante esta misión tan titánica como urgente, es imperativo que el pueblo de Guatemala permanezca unido en defensa de su conquista histórica, que cierre filas en torno de su gobierno –el primero que puede sentir realmente suyo desde hace siete décadas– frente a la desestabilización y el golpeteo, y que se apreste a exigirle el cumplimiento de sus compromisos cuando flaquee en sus deberes o dé la espalda a los ciudadanos.

Por su parte, la comunidad internacional tiene que permanecer atenta al desarrollo de los acontecimientos en esta nación centroamericana, tanto para extenderle su solidaridad como para condenar toda tentativa sediciosa de los reaccionarios que se niegan a permitir el nacimiento de una patria incluyente, soberana y democrática.