l presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará un nuevo plan de austeridad republicana para financiar las aportaciones del gobierno con el fin de incrementar las pensiones de los trabajadores y acabar con la injusticia de que las personas retiradas ganen únicamente la mitad de lo que percibían cuando estaban en activo. El mandatario señaló que en la actualidad sólo los empleados y los empleadores aportan a las pensiones, pero si se suma el gobierno puede corregirse esta irregularidad. Reconoció que la reparación del modelo heredado de las administraciones neoliberales no puede producirse de golpe, por lo que apuntó a una mejora gradual que podría tomar hasta 15 años para no perjudicar las finanzas públicas.
En respuesta a esta iniciativa que se incluirá en las reformas constitucionales que el titular del Ejecutivo presentará el próximo 5 de febrero, el jefe de economistas de BBVA, Carlos Serrano, manifestó que resulta fiscalmente inviable otorgar a los trabajadores pensiones equivalentes a 100 por ciento del salario que tenían al concluir su vida laboral. Dado que el Presidente no ha especificado los porcentajes de las pensiones con los que contribuirá el Estado, los mecanismos de financiamiento ni los plazos en los que deberá alcanzarse la meta, la apreciación del especialista parece apresurada y basada en prejuicios más que en datos.
La viabilidad fiscal de la propuesta con que el mandatario busca seguir mejorando la calidad de vida de los trabajadores deberá analizarse cuando se disponga de la información precisa pertinente. La sociedad y los organismos comprometidos con el bienestar de las mayorías deberán vigilar que los análisis presentados por la oposición política y mediática no padezcan de los mismos sesgos que han llevado a las derechas a asegurar la imposibilidad de llevar a cabo acciones que a la postre se implementaron sin perjuicio alguno para la macroeconomía, el sector privado ni los empleados. En este sentido, debe recordarse que presuntos expertos alertaron con estridencia que aumentar el salario mínimo generaría una inflación catastrófica, que la regulación del outsourcing provocaría desempleo y que incrementar las aportaciones patronales a los fondos de ahorro para el retiro llevaría a las empresas a la quiebra. Nada de esto sucedió: por el contrario, el mejoramiento de las condiciones laborales ha fortalecido el mercado interno y dinamizado la economía en beneficio tanto de empleados como de empleadores.
El verdadero debate gira en torno a la dignificación del trabajo y el reconocimiento de su valor real. El desmantelamiento del sistema de pensiones solidarias perpetrado por Ernesto Zedillo y Felipe Calderón (así como por los legisladores que aprobaron sus lesivas contrarreformas) precarizó el trabajo al descontar de su valor real el costo correspondiente al periodo de vida del trabajador a partir de su retiro. Este abaratamiento del trabajo supone despojar a los obreros (sean fabriles, oficinistas o creativos) de su dimensión humana, con todos los derechos que ésta conlleva, y reducirlos a mera mano de obra, como si fuesen máquinas y no personas. Para acabar con esta iniquidad, debe corregirse el sistema de pensiones, así como tomar las medidas necesarias a fin de erradicar la evasión generalizada de las obligaciones laborales por parte de los patrones, comenzando por la nociva práctica de registrar a los trabajadores ante el IMSS con un salario muy inferior del que realmente devengan, lo cual repercute de manera negativa en su acceso a la vivienda y su ahorro para el retiro.
En suma, el restablecimiento de un esquema de pensiones que permita a los trabajadores retirados conservar su calidad de vida y su autonomía una vez concluido su periodo de actividad constituye un acto de justicia, por lo que los costos de ponerlo en práctica son temas técnicos que deben resolverse, no usarse como pretexto para perpetuar un estado de cosas inadmisible.
