El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró ayer que analiza emprender acciones legales contra la fiscal general, Consuelo Porras, por haberse negado a participar en la reunión de gabinete a la cual acudió, pero abandonó minutos después con el argumento de que su presencia no era legal.

La titular del Ministerio Público (MP) asistió al encuentro a pedido del mandatario, a quien saludó, y a los 10 minutos de comenzar la sesión, se retiró, informó el periódico guatemalteco Prensa Libre.

En respuesta, Arévalo aseguró que el argumento de Porras no era aplicable. Indicó que se convocó a Porras para que informara sobre las políticas que el MP aplica para ajustarlas a las del gobierno.

El mandatario afirmó que el objetivo de la invitación era establecer una coordinación interinstitucional, y citó que esto está previsto en los artículos 134, 183 inciso M, y 251 de la Constitución.

Agregó que Porras estaba enterada de esto y que se le informó que participaría en la reunión con voz, pero sin voto.

Poco después de su salida de la sesión, Porras publicó un video, grabado en la casa presidencial, en el cual explicó: me vi en la necesidad de retirarme, ya que la reunión se pretendía llevar a cabo como parte del consejo de ministros, y por mandato constitucional y legal se me prohíbe participar.

Recalcó: yo no puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del MP. Dejé constancia sobre esta situación antes de retirarme, ya que la ley es clara en cuanto a que la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público, sólo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial como lo manda la ley... y no se me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del organismo ejecutivo, como lo es un consejo de ministros.

Arévalo solicitó la renuncia de Porras por la arremetida judicial que mantuvo desde la primera vuelta electoral celebrada en junio pasado contra el ahora presidente, su partido Semilla y el proceso electoral.

Decenas de miles de indígenas protestaron durante más de tres meses contra Porras, acusándola de intentar un golpe de Estado, desconocer el voto popular y obstaculizar las investigaciones en casos de corrupción.