escarados, los siempre diligentes espadachines del gran capital sacaron a relucir su acero para defender y cuidar otro jugoso negocio a costillas de la nación, armado y puesto en marcha a lo largo del régimen neoliberal, con el banderazo inicial de Carlos Salinas de Gortari y la cereza del pastel colocada por Enrique Peña Nieto, sin olvidar las generosas contribuciones de Zedillo, Fox y Borolas.

A lo largo de los gobiernos neoliberales y ondeando la bandera de la modernidad (léase asalto a la nación), se desmanteló la participación del Estado en un sinnúmero de sectores económicos; todo privatizaron con el pretexto de que en México es imposible mantener un Estado obeso y siempre en el supuesto de que los particulares son mejores administradores (no olvidar que muchos de ellos fueron rescatados con recursos públicos).

Desde el inicio de ese régimen, ávidamente los ojos se posaron en dos áreas estratégicas: petróleo y energía eléctrica. Para lograr su objetivo debieron transcurrir varios años y modificar la Constitución en reiteradas ocasiones, con los poderes Legislativo y el Judicial alineados. Este proceso fue denominado por algunos como privatización silenciosa (estruendosa, en realidad), que se dio con mayor celeridad en el primero de los sectores referidos, sin dejar de lado al segundo.

Peña Nieto coronó la modernidad, pero desde el banderazo de Salinas de Gortari se anunció que la inversión privada –en especial la trasnacional– llegaría al país como una enorme catarata en beneficio de los mexicanos. Con el tiempo se documentó que, en realidad, esa inversión fue limitada, porque el grueso de los dineros para el negocio particular salió de la banca del Estado mexicano –financiamiento público– que los propios modernizadores concedieron a los consorcios nacionales y foráneos, mientras minimizaban y sacrificaban la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de borrarla del mapa ( Borolas avanzó con la extinción de Luz y Fuerza del Centro).

Fue tal lo silencioso de la privatización, que al cierre de 2018 la CFE a duras penas representaba 39 por ciento de la generación eléctrica (61 por ciento para los privados), con el objetivo de que al concluir 2024 (siempre con la idea de que los modernizadores se mantendrían en el poder) fuera prácticamente de cero. Sin embargo, el presidente López Obrador anunció la compra de 13 plantas generadoras de la trasnacional española Iberdrola, con lo que el Estado incrementa a 55 por ciento su participación en la generación eléctrica, con ganas de crecerla a 65 por ciento al concluir su sexenio.

Sin duda, una historia de terror y saqueo a la nación con la bendición neoliberal. Ante tal panorama, López Obrador presentó una iniciativa de reforma para revertir dicha barbaridad y fortalecer a la diezmada CFE, con participación privada, pero en proporción minoritaria. Además, denunció el floreciente cuan ilegal mercado negro de electricidad –fraude a la nación– armado por los consorcios privados que significaba enormes pérdidas al Estado.

Este es el rápido contexto de este negro capítulo, uno de tantos, que a los descarados espadachines del gran capital les vale una pura y dos con sal, y por lo mismo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió otorgar un amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica, que sienta precedente respecto de cientos de recursos presentados en contra de la LIE aprobada por el Congreso en la administración del presidente López Obrador. Por tres votos a dos, determinó declarar inconstitucional la legislación aprobada en marzo de 2021, al considerar que con esas normas se violan las reglas que regulan la generación y el mercado eléctrico y mayorista ( La Jornada, Gustavo Castillo).

¿Quiénes son los descarados espadachines? Los de siempre: ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek (en contra Lenia Batres y Yasmín Esquivel), quienes impiden que siquiera pase el aire para no molestar a sus patrones. El voto de calidad de Pérez Dayán fue decisivo, pues sienta precedente con respecto al proceso en torno a los amparos contra la LIE.

Entonces, con espadachines así, para qué necesita México de otros enemigos.

Las rebanadas del pastel

Con apenas 12 años de retraso y en pleno proceso electoral –en el que la oposición de todas pierde todas–, aparece una versión, sin prueba alguna, de que en 2006 el equipo de campaña del entonces candidato López Obrador recibió dinero del narcotráfico. Qué casualidad tan conveniente.

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