Ante la solicitud de juicio político presentada por la administración federal contra el juez Crescencio Contreras Martínez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió que esa norma no puede utilizarse como mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al PJF, porque constituye un atentado a la garantía de independencia de las personas juzgadoras.

En un comunicado, la organización de impartidores de justicia defendió el fallo que permitió la liberación de integrantes de un grupo de la delincuencia organizada dedicada al secuestro de migrantes; sostuvo que la actuación del juez de distrito mencionado se realizó apegada a la ley. Si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República, como el juzgador advirtió de forma precisa y reiterada en la fundamentación de su fallo.

Según la Jufed, contrario a lo expresado por la Secretaría de Gobernación, la actuación del juez de distrito fue, en todo momento, apegada a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen a los juzgadores federales. El juzgador actuó única y exclusivamente basándose en los datos de prueba que obran en autos, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas, destacó.

En cuanto a proceso que dio origen a la demanda de juicio político a Contreras Martínez, la Jufed mencionó que “la fiscalía ni de manera indiciaria acreditó delincuencia organizada que tuviera el propósito de colaborar al fomento de delitos contra la salud; incluso, que el investigado perteneciera a un grupo criminal; es decir, se alejó de su obligación de investigar cuando los hechos fueron de su conocimiento, desde marzo de 2023, sin que hasta la fecha hiciera acto de investigación novedoso al respecto.

Es inexacta la información de la Secretaría de Gobernación, al señalar actos relacionados con delincuencia organizada, como tráfico de fentanilo, cohecho y vínculo al reciente secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas; en razón de que la formulación de imputación por la fiscalía únicamente se encuadró a los ilícitos encontrados en el inmueble cateado (dos armas largas y 257.8 gramos de clorhidrato de cocaína), y con ello se resolvió su situación jurídica, en la que no superó ni el estándar con que cuenta la representación social para vincular a proceso a una persona, violentando además actos de derechos fundamentales, como debido proceso, principalmente no tener una defensa adecuada, ya que no hubo comunicación alguna entre la defensa y el investigado.