Londres. El Tribunal Superior de Londres encargado del juicio de Julian Assange, fundador de Wikileaks, aplazó ayer la decisión sobre su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de espionaje impuestos durante el mandato de Donald Trump, en virtud de una ley de 1917, por lo que podría recibir una pena hasta de 175 años de cárcel.

La justicia británica pidió garantías a Washington que deberán ser entregadas en tres semanas, entre éstas, que el acusado no será condenado a la pena de muerte o que se respetará la primera enmienda de la Constitución estadunidense, que consagra la libertad de prensa.

Si no se presentan las garantías, Assange podrá impugnar su extradición, aceptada por Reino Unido en 2022. Si se ofrecen dichas garantías, se celebrará una nueva vista el próximo 20 de mayo.

En caso de derrota, sólo le quedará recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar suspender la extradición.

Assange fue acusado de publicar más de 700 mil documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadunidenses, particularmente en Irak y Afganistán.

Entre ellos, un video que muestra a dos periodistas de la agencia Reuters y otros civiles muertos por disparos desde un helicóptero de combate en Irak, en julio de 2007.

Assange pasó siete años en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia por un caso de violación. En 2019 el nuevo gobierno ecuatoriano le retiró su protección y fue arrestado por la policía británica. Ese año la demanda sueca fue desestimada, pero permaneció en prisión debido a la solicitud de extradición estadunidense.

Su esposa, la abogada Stella Assange, tachó de increíble la decisión, que según ella equivale a permitir una intervención política de Estados Unidos en el caso.

Además, instó al presidente estadounidense, Joe Biden, a cerrar el proceso contra su marido, el cual, señaló, nunca debió existir.

Amnistía Internacional pidió a Washington cesar una persecución políticamente cargada y que pone en peligro a Assange y a la libertad de los medios de comunicación en el mundo, declaró Simon Crowther, asesor de la organización.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguirá vigilando muy de cerca el caso de Assange, declaró su vocera, Elizabeth Throssell.

La defensa del australiano sostiene que es juzgado por prácticas periodísticas ordinarias consistentes en obtener y publicar información.

La representación estadunidense argumenta que Assange, de 52 años, publicó de manera indiscriminada y a sabiendas los nombres de personas que servían de fuentes de información a Estados Unidos y son estos hechos los que lo distinguen.