Campeche, Camp., A pesar de contar con el amparo de la justicia, 21 elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), fueron notificados por la Dirección de Asuntos Internos de esa dependencia, que se inició una carpeta de investigación en su contra, por lo que se les citó a una audiencia.

Adicionalmente, a seis efectivos de la corporación, entre ellos una mujer, a quienes el gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, considera cabecillas del movimiento de protesta que inició el pasado 16 de marzo, se les suspendió el pago de sus sueldos y fueron dados de baja.

Además, se presentaron denuncias en su contra ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por los delitos de motín y sabotaje.

Otros 10 policías, comisionados al Centro de Control, Comando y Cómputo de Campeche (C-5), fueron relevados de sus cargos y en su lugar se designó a personal leal a la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, por lo que se perdió la coordinación entre esa central y los patrulleros, lo que afecta la prestación de servicios a la comunidad.

Por ejemplo, el pasado fin de semana fue detectado un automóvil deportivo procedente de otra entidad, que activó la alarma de uno de los arcos detectores, por lo que se solicitó al C-5 información sobre la unidad motriz a fin de saber si continuaba su camino o lo aseguraban. Sin embago, no hubo respuesta de los centralistas.

Todo lo anterior comprueba que la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, y la gobernadora Layda Sansores, violan el amparo provisional que les concedió el juez primero de distrito de esta capital, el cual ordenó cesar todo acto de hostigamiento, represión, órdenes de aprehensión o sanciones penales, administrativas o laborales contra los sublevados, señalaron los tres voceros del movimiento de protesta de los uniformados.

Tal como anticipó el titular de la Consejería Jurídica del estado, Juan Pedro Alcudia Sánchez, respecto de que el amparo provisional no suspendía las investigaciones en su contra, a través de la dirección de asuntos internos, que encabeza Víctor Hugo Sánchez Ortiz, pareja de la jefa de la Policía, Marcela Muñoz, se han enviado 21 citatorios contra igual número de policías, a quienes pretenden fincarles diversas responsabilidades e incluso encarcelarlos, como estrategia para desactivar el movimiento.

Ante los actos de represión que continúan contra los inconformes, sus voceros demandaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que certifique la violación al recurso de amparo que les fue concedido, así como las deplorables condiciones en que se encuentran las instalaciones, los vehículos, equipos y armamentos, pese a que se han canalizado varios cientos de millones de pesos a la SPSC para contar con instalaciones y equipos dignos y funcionales.