A fin de impulsar la educación superior en la región, los países de América Latina y el Caribe suscribieron la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES+5) de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la que se reafirma la necesidad de considerar la formación universitaria como derecho humano universal y bien público social que debe ser plenamente garantizado por los Estados, los cuales deben invertir más para asegurar su universalidad.

En el documento, suscrito por representantes de gobiernos, organismos públicos, instituciones de educación superior, redes, asociaciones, sindicatos, organismos multilaterales, pueblos indígenas y afrodescendientes, estudiantes, personal académico y científicos de América Latina y el Caribe, se señala como prioridad la necesidad de luchar contra la mercantilización y privatización de los sistemas educativos a todos los niveles.

Destaca que en la región han surgido gobiernos que expresan abiertamente su oposición a la democracia participativa, a la autonomía en la adquisición de conocimientos para lograr una soberanía plena en ciencia y tecnología, humanidades, la cultura y las artes o incluso niegan aspectos claves para nuestro futuro.

Por ello, los Estados que suscriben la CRES+5 afirmaron que para defender la educación superior hay que defender la democracia, y para ello hay que defender la universidad, un sistema de educación superior diverso y una ciencia abierta, plural, inclusiva, humanística, y reafirmar el sentido público de los conocimientos.

En un llamado urgente a la acción, subrayan que es necesario denunciar el peligro que implican los discursos negacionistas anticientíficos de líderes políticos que recuperan miradas dogmáticas y religiosas.

Señalaron que es necesario reconocer el constante deterioro de las condiciones laborales en las instituciones de educación superior en las pasadas décadas, lo que se manifiesta en la creciente precarización de los empleos, la falta de estabilidad, la depreciación salarial y la reducción de las condiciones y beneficios de la seguridad social, lo que se ve agravado, advierte, por un contexto regional caracterizado por un significativo aumento de la pobreza, la marginalidad y la desigualdad.

La declaratoria enfatiza que otra de las tareas centrales es que la educación superior debe contribuir a reparar la deuda histórica de las sociedades y estados contemporáneos con los pueblos indígenas y afrodescendientes; educar contra el racismo y todas las formas de intolerancia; asegurar los derechos educativos de estos pueblos, los cuales están reconocidos en numerosos convenios, tratados y declaraciones internacionales.