Para Smith & Wesson, Beretta, Glock, Barrett y Sturm, Ruger & Co y otras tres compañías fabricantes de armas la demanda que México ha interpuesto en su contra no tiene nada que hacer en un tribunal estadunidense y aseguran que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trata de intimidar a la industria para que adopte medidas de control que han sido rechazadas por los votantes de ese país.

Esta semana, las ocho armeras denunciadas solicitaron a la Suprema Corte de Estados Unidos que revise y eche abajo la decisión de una corte de apelaciones que en enero dio luz verde al litigio entablado por México por 10 mil millones de dólares, que busca responsabilizarlas de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera.

En el escrito presentado ante el tribunal supremo, los armeros aseguran que es casi imposible imaginar una demanda que esté más claramente prohibida por la legislación estadunidense que ésta.

En 2023, un juez de primera instancia desestimó el caso citando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que blinda a la industria contra demandas por el mal uso de sus productos. México recurrió el fallo y el Tribunal de Apelación del primer circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, le dio la razón y señaló que las reclamaciones mexicanas corresponden a las excepciones a la exención de responsabilidad contempladas en la ley.

La decisión del primer circuito no puede mantenerse, afirman las armeras ante la Suprema Corte, de mayoría conservadora, y argumentan que el fallo de la corte de apelaciones contradice decisiones en sentido contrario dictadas por tribunales estadunidenses.

Aseguraron que solicitan la intervención de la Suprema Corte, porque de lo contrario enfrentarán en los próximos años demandas multimillonarias a manos de un soberano extranjero que está tratando de intimidar a la industria.

Afirman que para ser claros, la denuncia de México no incluye revelaciones fácticas revolucionarias, ni desvela secretos entre los cárteles y las empresas estadunidenses de armas de fuego.

En cambio, sostienen, cuestiona cómo la industria de armas de fuego ha operado abiertamente a plena luz del día durante años.

Culpa a la industria por producir armas comunes como el AR-15; por permitir que sus productos tengan más de 10 cartuchos, por no restringir la compra por parte de ciudadanos normales y por negarse a ir más allá de lo que señala la legislación de producción y venta segura de armamento.

La demanda no tiene cabida en un tribunal estadunidense. La Ley PLCAA excluye las querellas civiles que pretendan responsabilizar a las empresas de armas por los daños derivados del uso delictivo de sus productos. Y es casi imposible imaginar una demanda que esté más claramente prohibida por la PLCAA que ésta, argumentan las firmas en el procedimiento abierto ante la Suprema Corte y ante el cual México ha dicho que está listo para responder.