Cuernavaca, Mor., El gobernador interino de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Uriel Carmona Gándara, debe aclarar todo lo relacionado con el presunto secuestro del obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reportado como desaparecido del 27 al 29 de abril.

Respecto a las declaraciones del comisionado estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros, quien dijo que el prelado ingresó a un motel, o las filtraciones del resultado de sus exámenes clínicos, que habrían dado positivo a estupefacientes, Sotelo Salgado señaló que probablemente lo hizo quien tiene la información.

En entrevista colectiva, el mandatario estatal interino dijo desconocer detalles del caso y de una demanda por daño moral contra Ortiz Guarneros, titular de la CES.

“Lo desconozco, ayer referí que la única información que tenía es la que proporcionó al principio el titular de la CES (donde dijo que no había un solo elemento en la desaparición del prelado para hablar de un secuestro exprés), que era el contenido de una denuncia y hasta ahí. “De lo demás –puntualizó Samuel Sotelo– seguramente la fiscalía tendrá (los datos) en su investigación que está realizando.”

Sobre la demanda por daño moral que presentaría el abogado del jerarca católico, entrevistado la noche del jueves cuando dieron de alta a su cliente del hospital privado para irse a su domicilio, el mandatario interino manifestó que “nosotros somos respetuosos de las decisiones de cada quien.

Estamos trabajando en lo que nos corresponde; hoy estuvimos en la mesa de seguridad, no se tocó ese tema (porque) no corresponde en este caso como tal.

Destacó que la fiscalía, a través de la denuncia que presentaron los afectados, ya investiga y tendrá que aclarar precisamente los hechos relacionados con el obispo, recalcó.

Los reporteros le insistieron sobre una probable demanda contra los responsables de la filtración del informe del hospital y la ambulancia del Escuadrón de Rescate que habría trasladado a Salvador Rangel del hotel Real Ocotepec al hospital general el domingo pasado.

De la demanda por daño moral contra la CES opinó que cada quien tendrá su derecho, todos los tenemos, y ya tendrá que responder en su caso, si fuera así la situación.

Por su parte, el abogado del prelado, Luis Alberto Gasca Cisneros, exigió al fiscal general esclarecer la desaparición de su cliente. Sobre todo porque, dijo, esos casos se investigan de oficio, y demandó no dejarlo en la impunidad.

Sobre los videos donde supuestamente se ve al obispo entrar a un motel de manera voluntaria, el defensor pidió que se hagan públicos, porque ni yo los he visto.

De la benzodiacepina y cocaína que supuestamente aparecen en los estudios médicos, declaró que tampoco tiene el resultado del examen toxicológico practicado a Salvador Rangel, porque apenas lo contrataron el jueves.

Sin embargo, aseguró que si alguien secuestró al prelado, no estoy afirmando; pero tuvo que haber echado mano de una sustancia ilícita para sedarlo y buscar lo que querían buscar.

Carmona Gándara titular de la FGE, en tanto, ha guardado silencio sobre las indagatorias por la desaparición temporal del obispo emérito de Guerrero.