Bogotá. La atención de una emergencia por sequía en el departamento más pobre de Colombia ha incendiado la escena política nacional tras las denuncias de corrupción de uno de los implicados, que salpican a altos funcionarios del gobierno, a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y a parlamentarios de varios partidos.

Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad estatal encargada de gestionar recursos para prevenir y atender desastres naturales, acusó a su ex jefe, Olmedo López, de ordenarle repartir al menos 10 por ciento del contrato de 10 millones de dólares con el que se adquirieron 80 pipas para llevar agua a comunidades indígenas de la etnia wayuu, que habitan en el extremo norte del país, en el departamento de La Guajira.

Pinilla relató minuciosamente a la Fiscalía General (procuraduría) la forma en que el dinero en efectivo –en fajos de 50 mil y 100 mil– fue entregado en sus residencias a los implicados, con la intermediación de la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

Este escándalo, primero de grandes magnitudes que estalla durante los casi dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, se originó a raíz de que las comunidades que iban a ser beneficiadas con la llegada de agua denunciaron que los camiones cisterna estaban en un estacionamiento, pues no servían para transitar por las difíciles vías de acceso a su desértica región.

Actúa el mandatario

Tras detectarse que la contratación estaba plagada de irregularidades, el presidente Petro destituyó a López y a su plana mayor, incluido Pinilla, quien ha decidido prender el ventilador ante las autoridades judiciales.

Lo primero que hizo el nuevo director de la unidad de gestión de riesgo y desastre, Carlos Carrillo, veterano militante del Polo Democrático, una de las fuerzas de izquierda que apoya a Petro, fue detener el proceso de ejecución del contrato y abrir la pestilente olla de corrupción que anidaba en esta dependencia estatal, entregada en 2022 al partido Alianza Verde en aras de conseguir su apoyo en el Legislativo para la aprobación del paquete de reformas sociales del gobierno.

De la Alianza Verde también es el actual presidente del Senado, Iván Name, señalado por Pinilla de recibir al menos un millón de dólares tras la firma del contrato, junto con su homólogo de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cuyas arcas habría entrado una cifra bastante menor: 250 mil dólares.

El hecho de que la consejera presidencial Sandra Ortiz también pertenece a los verdes, ha revivido el debate al interior del Pacto Histórico (coalición de gobierno) sobre la inconveniencia de otorgarle cuotas en altos cargos del Estado a personas provenientes de fuerzas políticas que no tienen un compromiso real con la agenda de cambios que impulsa Petro.

El ex senador Gustavo Bolívar, escudero número uno de Petro y actual director del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia, declaró hoy que la consejera Ortiz debe renunciar, al tiempo que el jefe de Estado ordenó la creación de una mesa técnica dedicada exclusivamente al tema de la corrupción con participación de la Fiscalía General y la embajada de Estados Unidos, que se encargaría de la identificación de capitales internacionales derivados de corrupción.

Ciudadanos del común expresaron en medios locales y en redes sociales que mientras siguen las investigaciones, la sed no da tregua en la ardiente región de La Guajira a la que debieron llegar hace meses las pipas cargadas de agua.