A 29 días de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández ordenó investigar al ex presidente de la Corte Arturo Zaldívar y algunos de sus colaboradores, el ex secretario general del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Carlos Alpízar Salazar, difundió un posicionamiento en el que niega categóricamente los señalamientos que se le hacen respecto a haber obligado a jueces y magistrados a emitir sentencias favorables a intereses propios y los de su jefe.

El ahora funcionario de la Secretaría de Gobernación refiere estar dispuesto a comparecer ante el CJF.

Alpízar Salazar señala en un documento: “manifiesto de manera contundente que nunca recibí instrucción alguna del ministro presidente Arturo Zaldívar para tratar asuntos jurisdiccionales con jueces y magistrados.

“Mi actuar siempre estuvo apegado a la ley y a las atribuciones del cargo que desempeñé, procurando en todo momento lo mejor para la institución y para el país.

Estoy en plena disposición de comparecer al procedimiento respectivo en el momento que sea requerido formalmente por el Consejo de la Judicatura Federal, con la única exigencia de que se lleve a cabo una investigación imparcial y que se respeten mis derechos humanos y el debido proceso.

Desde el 9 de abril de este año, por determinación de la ministra Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país investiga administrativamente a su antecesor, Arturo Zaldívar.

A su vez, el CJF indaga a ex colaboradores del ministro en retiro por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento oculto, vulneración de la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) al presionar a jueces y magistrados para que dictaran resoluciones con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros, violencia sexual, cohecho, abuso de funciones y desvío de recursos.

En la denuncia se menciona que se ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales por conducto de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objetivo de que resolvieran en favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.