Tribunales federales y jueces de todo el país han buscado presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva, cuanto antes, la problemática generada por la prisión preventiva oficiosa y defina la forma en que se debe actuar ante estos casos; sin embargo, ministros consultados señalaron que será en septiembre cuando se analice este tema.

Fuentes judiciales dijeron a La Jornada que dentro de la SCJN hay al menos 57 solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción de amparos para que los ministros marquen los parámetros en que se debe actuar ante la cárcel en automático.

Por ejemplo, en la petición 1042/2024 el tribunal colegiado en materia penal del estado de Michoacán pide a la Suprema Corte fijar un criterio respecto a si debe o no suprimirse la prisión preventiva oficiosa del ámbito constitucional mexicano. El asunto está en manos de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Lo mismo sucede con tribunales de entidades como Baja California, Campeche, estado de México, Jalisco, Puebla y la Ciudad de México.

Para ello, el pleno de la Corte deberá primero analizar tres propuestas de los ministros Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez y Margarita Ríos Farjat, quienes plantean inaplicar el artículo de la Constitución que regula dicha medida.

Se analizará un proyecto de sentencia en el que se delinean los pasos para que, de forma general, no se aplique la prisión preventiva oficiosa, negar órdenes de arraigo y que, en casos donde se denuncie tortura, se realice una investigación independiente.

El ministro Jorge Pardo Rebolledo presentó a sus colegas la propuesta sobre la forma en que el Poder Judicial de la Federación debe participar en el cumplimiento de la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro vs México.

De aprobarse el proyecto, la sentencia del máximo tribunal del país tendrá efectos generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.