a Contraloría General de la Ciudad de México encontró 12 irregularidades en la obra Residencial Novus, que el pasado 14 de marzo perforó el túnel de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la interestación Eje Central-Parque de los Venados, provocando que un convoy sufriera salpicaduras de lodo y cemento. Entre las faltas más graves cometidas, según las autoridades capitalinas, gracias a la complicidad de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, deben enumerarse el no contar con la autorización para excavaciones de más de un metro de profundidad, la ausencia de registro y antecedente del visto bueno para construcción que debía emitir la Subdirección General de Mantenimiento del STC, el haber rebasado los pisos permitidos en el Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo, o la emisión de una Constancia de Alineamiento y Número Oficial para el predio sin haberlo inscrito en los Planos de Alineamiento y Derechos de Vía. Asimismo, se comprobó que los trabajos de ese complejo habían sido suspendidos por incumplimiento de las medidas de seguridad, pero cuando ocurrió el incidente los sellos de suspensión ya no se encontraban a la vista, lo cual evidencia que la desarrolladora continuó los trabajos de manera ilegal.

Se trata de la más reciente prueba de la corrupción en las diversas oficinas que autorizan y supervisan las construcciones en la demarcación gobernada por el PAN durante un cuarto de siglo, de forma ininterrumpida. El mes pasado y a inicios de éste, las indagatorias para dar con el origen de la contaminación de al menos un pozo de agua en la zona occidental de la Benito Juárez pusieron al descubierto lo que se ha denunciado desde hace años: que las irregularidades no son excepciones ni fallas puntuales, sino un fenómeno generalizado que plaga a la alcaldía. Se encontró, por ejemplo, que sólo concluyeron el trámite cinco de las 108 obras que deberían contar con el Registro de Manifestación de Construcción. Una constante es la autorización indebida para levantar pisos adicionales a los que permiten las normas de seguridad: hasta la fecha se han detectado 133 inmuebles que caen en este caso, los cuales suman 269 plantas excedentes que suponen una carga hídrica extra de 500 mil litros al mes al ya estresado sistema de aguas de la ciudad.

Además de perjudicar la calidad de vida de los vecinos y estafar a las personas que empeñan su patrimonio en estas edificaciones (puesto que los inmuebles en niveles ilegales no pueden ser escriturados), la autorización de construcciones que contravienen los reglamentos en la materia pone en peligro las vidas de los habitantes de esta zona de alto riesgo sísmico, como quedó trágicamente demostrado durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017, cuando edificios con apenas unos años de antigüedad se vinieron abajo o sufrieron daños estructurales.

Por todo lo dicho, es imperativo investigar a fondo y con total apego a derecho la trama corrupta urdida por gobernantes y funcionarios panistas, la cual se ha popularizado con el nombre de cártel inmobiliario por su modus operandi mafioso. Con este esquema, los políticos del blanquiazul se han hecho de centenares de departamentos en la alcaldía jugando con la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, hechos que no pueden tomarse a la ligera ni dejarse impunes.