El impacto económico de la violencia en México en 2023 ascendió a 4.9 billones de pesos, monto equivalente a casi 20 por ciento del producto interno bruto (PIB), señaló el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), organismo que reconoció que la tranquilidad en la nación observó una mejoría el año pasado respecto a los datos de 2022.

Al presentar el Índice de Paz de México 2024 –el cual mide el nivel de seguridad–, Carlos Juárez Cruz, director del organismo en el país, comentó que estadísticamente los indicadores sobre el número de homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, ilícitos cometidos con armas de fuego y miedo a la violencia mostraron una mejoría en 2023.

Se trata de la cuarta vez en que se muestra un cambio en el nivel de seguridad, luego de los deterioros ocurridos entre 2015 y 2019.

No obstante, consideró que México vive una crisis de violencias múltiples, que incluyen factores criminales, interpersonales e institucionales... Los fenómenos relacionados con violencia distorsionan la dinámica económica, inhiben la inversión nacional y extranjera privada, alteran las conductas económicas, indicó Juárez Cruz.

Resaltó que el costo per cápita, es decir, cuánto costó a cada mexicano la violencia, asciende a 37 mil 400 pesos.

Casi la mitad de esto tiene que ver con el impacto que genera el homicidio, al mismo tiempo vemos que lo que se gasta en seguridad pública bajó 42 por ciento en los últimos nueve años y en la inversión en el sistema de justicia disminuyó 9 por ciento, añadió.

Sin embargo, Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología, comentó que el monto medido por el estudio no refleja el impacto económico que tienen los hijos de personas que son encarceladas o bien las familias de víctimas de homicidios o desapariciones.

Juárez Cruz resaltó que México invierte en promedio en seguridad y justicia 0.6 por ciento de su PIB, mientras el promedio de Latinoamérica es de 1.5 por ciento, es decir, México invierte menos de la mitad de lo que destina el resto de la región.

Anotó que si bien el promedio de la OCDE es de 1.7 por ciento, el país no debería darse el lujo de invertir tan poco en seguridad y justicia, pero al mismo tiempo no es difícil entender por qué la nación tiene 97 por ciento de impunidad en los delitos. Está abandonado el sector de justicia también y colapsado, resaltó.

El IEP expuso que entre 2019 y 2023 los grupos criminales han adaptado sus operaciones según cambios en el consumo estadunidense de drogas ilícitas, pues en ese periodo el volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos aumentó en más de 900 por ciento.

Azaola Garrido subrayó que México no sólo es peligroso para los políticos, sino para periodistas y la población en general, por lo que urge que se invierta más en seguridad.