Las personas cuyos padres tuvieron educación profesional tienen una probabilidad 13 veces mayor de alcanzar estudios de licenciatura que aquellas con progenitores sin estudios, plantea el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en el análisis Políticas educativas y movilidad social en México.

Destaca que en la actualidad, sólo 5 por ciento de jóvenes cuyos padres no tienen una licenciatura pueden acceder a universidad.

En el contexto del Día del Maestro, advierte que el bajo nivel de asignación de recursos a educación frena la movilidad social, ya que al rubro sólo se destina 3 por ciento del producto interno bruto (PIB).

En el estudio se plantea que si entre 2018 y 2023 el gasto asignado a la Secretaría de Educación Pública creció alrededor de 14 por ciento, este incremento se destinó principalmente a transferencias directas a los estudiantes y al programa La Escuela es Nuestra.

En término reales, el presupuesto destinado al sector todavía es inferior al observado en 2015, cuando tuvo su máximo histórico. Como proporción del PIB, descendió de 3.9 al 3.1 por ciento en el gobierno actual, muy por debajo de las recomendaciones de organismos internacionales, esto es entre 4 y 6 por ciento”.

Sobre los apoyos monetarios (becas) entregados a los alumnos de niveles básico, medio y superior, indica que aunque representan un aporte importante a los ingresos familiares, existen dudas fundadas sobre su efectividad para consolidar las trayectorias educativas.

Detalla que las Becas para el Bienestar Benito Juárez, de manera especial, pero no exclusiva, se orientan a alumnos en condiciones vulnerables, y que entre 2019 y 2023 el monto asignado subió significativamente, entre 17 y 158 por ciento. De acuerdo con cifras oficiales, ahora 10.5 millones de estudiantes de los tres niveles reciben estos apoyos.

El análisis plantea que la política educativa de México debe convertirse en una cuestión de Estado, y para ello hay que generar amplios acuerdos sociales, transexenales, sustraídos a los vaivenes partidarios y a la propensión a reiniciar el sistema cada sexenio.

Subraya que sólo mediante la estabilidad política e institucional se pueden lograr avances sustantivos en la ampliación de las oportunidades que contribuyan a la movilidad social.

Remarca que en la actual administración se ha fortalecido la noción de que la educación es un derecho, se ha hecho énfasis en la obligatoriedad para la provisión de servicios de enseñanza y la importancia otorgada a la equidad. Sin embargo, alerta que los avances en esas áreas serán mínimos si este enfoque no se acompaña de incrementos presupuestales decisivos en áreas estratégicas, lo que requiere una reforma fiscal progresiva de gran calado.