Mientras el empoderamiento de los grupos criminales ha elevado la tala ilegal y se ha convertido en un problema creciente, hasta en regiones donde las comunidades y organizaciones forestales habían avanzado en la gestión sustentable de los territorios, se estima que la madera ilícita que se extrae representa entre 95 y 120 por ciento del aprovechamiento legal, entre 7 y 9 millones de metros cúbicos rollo al año.

Esto se señala en la Agenda socioambiental 2024, diagnósticos y propuestas, en el apartado Regiones forestales, situación y alternativas para resolver sus problemas más urgentes, coordinado por Iván Zúñiga, donde se advierte que esta situación se ha extendido a regiones de Chihuahua y Durango, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán y el estado de México y los bosques de La Malinche en Tlaxcala, el suelo de conservación de la Ciudad de México y la región de las Lagunas de Zempoala.

Apunta que en el crecimiento de la tala ilegal inciden el debilitamiento de la Semarnat y la Profepa con nula presencia en campo.

Además, hay dispersión de las responsabilidades de la gestión forestal y de sanción de ilícitos en distintas agencias federales, estatales y municipales, lo que dificulta la coordinación y permite el solapamiento de ineficiencias burocráticas, favoreciendo la corrupción y las redes clientelares.

Desbalance entre la demanda y la producción

El motor principal de la tala ilegal es la creciente demanda nacional e internacional de productos maderables, favorecido tanto por la escasa producción forestal legal nacional (que enfrenta sobrerregulación y burocratismo), como por la pesada carga fiscal a las empresas forestales comunitarias y a la caída tajante de la inversión pública en ese sector.

Como resultado, hay un desbalance entre la demanda de madera y la producción legal y sostenible, se explica.

Refiere que de 138.7 millones de hectáreas arboladas del país, 70 millones son propiedad social, y enfrentan otras problemáticas que van desde el envejecimiento de los sujetos agrarios, debilitamiento de la gobernanza comunitaria en algunas regiones, cambio de uso de suelo, falta de apoyo institucional hacia las empresas forestales comunitarias, deforestación, tala ilegal, presencia y control de grupos armados, extorsión, hasta proyectos de energías renovables.

Todos estos factores, de acuerdo con la Conafor, han llevado a una pérdida anual promedio de 208 mil 850 hectáreas de bosques y selvas entre 2001 y 2021.

En este contexto, se ha dado un drástico recorte al presupuesto ambiental y social, escasos y mal diseñados subsidios, nula capacidad gubernamental para asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones. Ante ello, las comunidades resisten solas las presiones y procesos de acaparamiento de tierras por parte de grupos económicosy delictivos.

Sumado a esto, desde 2016 se establecieron cambios en la política forestal con la relajación de regulaciones ambientales a partir de reformas a las legislaciones de Desarrollo Forestal, del Equilibrio Ecológico y de Vida Silvestre.

La agenda forestal ha quedado a la deriva, socavando las estructuras de apoyo a las comunidades y organizaciones productivas que impulsan las actividades de restauración, manejo sostenible y conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales, señala el documento.