nadie escapa que una de las grandes inquietudes tras la contundente victoria de la coalición encabezada por Morena en la jornada electoral del pasado 2 de junio, radica en la reforma al Poder Judicial impulsada por el Presidente y las posibilidades de su aprobación en el Congreso el próximo septiembre. Medios de comunicación, organizaciones civiles, el sector financiero y buena parte de los integrantes del Poder Judicial han expresado amplia preocupación por una reforma cuyos ejes de cambio no parecen atender las necesidades más urgentes y estructurales de un sistema de justicia nacional a todas luces en crisis.
Por su amplia difusión en medios, no es necesario detenernos en la exposición de los detalles de su contenido. A guisa de síntesis, se propone reformar 16 artículos constitucionales y aprobar 11 transitorios que, en conjunto, provocarán la restructuración de la SCJN y el Consejo de la Judicatura; modificarán el esquema de designación de ministros, magistrados y jueces, y añadirán reglas procesales. Es cierto, subrayamos, que nuestro sistema de justicia está en crisis; la impunidad, el escaso acceso a la justicia para las víctimas y la consecuente falta de legitimidad del sistema de justicia son problemas serios que deben ser atendidos con urgencia. No obstante, es necesaria un mirada más amplia e integral para conformar una reforma que, a través del mejoramiento del acceso a la justicia y la reducción de la impunidad, fortalezca nuestro estado social y democrático de derecho.
Una perspectiva que puede ayudar a fortalecer nuestro diagnóstico es la del Índice de estado de derecho del World Justice Project. Este índice evalúa la adhesión a los principios que distinguen formalmente a todo estado de derecho a partir de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Para el caso mexicano, la última edición 2023-24 del referido índice arroja un puntaje de 0.41, donde 1 es la máxima adhesión al estado de derecho y 0 es la nota menor. Esta calificación colocó a México en la posición 116 de 142 países evaluados en el listado global del World Justice Project de 2023.
Si bien todos los factores son, en mayor o menor medida, componentes necesarios para un sistema de justicia efectivo, merece la pena observar en el desagregado de la evaluación los dos que miden explícitamente el acceso y procuración de justicia, que son los rubros de justicia civil y justicia penal, que fueron en los que nuestro país registró sus puntajes más bajos, con 0.37 y 0.36, respectivamente, lo cual refuerza la evidencia sobre los focos de vulnerabilidad de nuestro sistema.
Lo más relevante de este índice, que contribuye a realizar un diagnóstico certero de nuestra realidad, es que evalúa el funcionamiento general de nuestras instituciones públicas desde un horizonte de estado de derecho. Por eso consideramos que toda propuesta de reforma al sistema de justicia debe tener como condición fundamental el fortalecimiento de nuestro estado de derecho.
Sólo desde una perspectiva verdaderamente sistémica e integral se puede construir una reforma pertinente. En tal sentido, cualquier cambio que coloque auténticamente en el centro a las víctimas debería iniciar con la revisión del estado que guardan aquellas responsabilidades que, de hecho, recaen en el Poder Ejecutivo; es decir, con el examen de las fiscalías General y estatales, los ministerios públicos y los centros penitenciarios, pues son las deficiencias de las fiscalías las que impiden en buena medida administrar debidamente la justicia a los jueces, mientras los centros penitenciarios privilegian una perspectiva de justicia punitiva que no concede márgenes a las garantías restaurativas indispensables para propiciar la efectiva reinserción social de quienes cometen algún delito.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha planteado tomar en consideración otras medidas de intervención pertinente a nuestro sistema de justicia, como el rediseño de las policías ministeriales, el fortalecimiento de las capacidades de los servicios periciales y de las defensorías públicas y la ampliación del acceso al juicio de amparo. Se trata no de simples ocurrencias, sino de alternativas apegadas a los estándares que el Estado mexicano ha refrendado con la suscripción de instrumentos internacionales que buscan garantizar el derecho de acceso a la justicia.
Una reforma sobre este aspecto es más que necesaria, pero debe debatirse transversalmente tomando en consideración factores como los que rescata el Índice de estado de derecho. La reforma que México necesita es una orientada hacia un mayor acceso a la justicia, mayor autonomía del Poder Judicial, mayor efectividad en las investigaciones y resoluciones, una mejor tutela de los derechos fundamentales y, por ende, mayor legitimidad de nuestro sistema de justicia.
En las últimas semanas se ha llevado a cabo un ejercicio de diálogo nacional sobre las reformas al Poder Judicial, valdrá la pena seguir atentos a este interesante debate y sobre todo a corroborar que sus aportes más pertinentes sean efectivamente considerados en los pormenores de la reforma, de modo que las urgencias más cruciales de nuestro sistema de justicia se atiendan desde los estándares internacionales de los derechos humanos y, por supuesto, poniendo en el centro el legítimo interés de las víctimas a un pleno acceso a la justicia. México sí necesita una reforma al Poder Judicial, pero más que eso, necesita urgentemente una reforma al sistema de justicia, desde una perspectiva integral, pero sobre todo teniendo como eje el estado democrático de derecho.
