a comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer la hoja de ruta para la discusión y votación de las 18 iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado. El calendario legislativo contempla que este paquete de modificaciones, conocido como plan C, se apruebe sin cambios en la comisión, a fin de que pasen al pleno en la legislatura que comienza el 1º de septiembre, donde se debatirán las reservas que, se da por sentado, serán abundantes.

Destaca el respeto por las formas y la pluralidad, el cual contrasta con los madruguetes usados de manera sistemática durante el periodo neoliberal para avalar las leyes más perniciosas contra el país y contra las grandes mayorías sociales, muchas de las cuales serían revertidas o cuando menos atenuadas por el plan C. Así, aunque la votación arrancará el 1º de agosto, la reforma al Poder Judicial se abordará hasta el día 22, de modo que en el dictamen se incluyan las conclusiones de los foros nacionales en la materia que finalizarán el jueves 8.

No puede exagerarse la trascendencia y la profundidad de los cambios que los diputados comenzarán a votar la semana entrante: se trata nada menos que de devolver a la Carta Magna el sentido social y el espíritu progresista que tuvo en sus orígenes como síntesis de los proyectos, las aspiraciones y reclamos de las facciones revolucionaria; sentido traicionado y despedazado por la tecnocracia que se mantuvo en el poder durante casi cuatro décadas.

Entre las reformas se encuentra el dar rango constitucional a los programas sociales en favor de los jóvenes, a fin de que nunca más sean vistos como dádivas ni sean usados como medios de chantaje electoral, sino que se les reconozca como derechos exigibles y como una responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la juventud.

Asimismo, la garantía de que el salario mínimo crezca siempre por encima de la inflación, medida que evitará la inhumana práctica de la contención salarial, con la que los gobernantes neoliberales mantuvieron a los trabajadores por debajo del umbral de la pobreza extrema –es decir, que sus ingresos ni siquiera alcanzaban para adquirir alimentos suficientes– con tal de favorecer a la clase patronal.

En materia ambiental, se prohíben tanto el contaminante método del fracking (fractura hidráulica) para la extracción de hidrocarburos como la siembra de maíz transgénico, un monocultivo que amenaza la biodiversidad de las especies del grano desarrollado por los campesinos indígenas a lo largo de miles de años. También se pone freno a la apropiación indiscriminada del agua por parte de empresas e individuos poderosos, estableciendo que el consumo humano es prioritario en el acceso al líquido. También, se buscará reformar la Constitución en temas como el sistema de pensiones, los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, las empresas públicas estratégicas, el sistema de salud, la austeridad republicana, la vivienda, la recuperación de la red ferroviaria y, de manera destacada, democratizar al Poder Judicial, acabar con la corrupción que lo carcome y convertirlo en un verdadero aparato de impartición de justicia al servicio del bien común.

En las siguientes semanas, el trámite legislativo del plan C acaparará la atención mediática y el debate público, por lo que es imprescindible que la ciudadanía se informe y reclame el rol protagónico que le corresponde como beneficiaria de los cambios impulsados por el Ejecutivo saliente y la virtual presidenta electa. En las discusiones que vendrán, no puede perderse de vista que todas estas reformas fueron sometidas al veredicto del pueblo, depositario último de la soberanía, y recibieron un abrumador respaldo en las urnas el pasado 2 de junio, por lo que, mucho más que propuestas de un grupo político, constituyen un auténtico mandato popular.