Quito. La canciller ecuatoriana -–y por ende el gobierno de Daniel Noboa– afronta estos días el proceso de un juicio político en la Asamblea Nacional que, de concretarse, con una sanción puede dejar por fuera de toda actividad política a Gabriela Sommerfeld Rosero, quien ha defendido la invasión a la embajada mexicana en Quito y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glas, perpetrados el pasado 5 de abril.

Antes de este proceso, que conlleva una primera etapa de sustanciación de máximo un mes, la canciller rechazó la acusación de un presunto incumplimiento de funciones, mediante una carta publicada en redes sociales antes de que se inicie en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea la primera fase del juicio político.

Los cargos con los que se le procesa son los que detalla la asambleísta Jhajaira Urresta, del movimiento Revolución Ciudadana, en la siguiente entrevista, pero que Sommerfeld, niega tener responsabilidad: Hemos enfrentado con dedicación el proceso que México presentó en contra de Ecuador en la Corte Internacional de Justicia, el mismo que no dista en sus argumentos del presentado en mi contra en la Asamblea. Y por eso, para ella y su gobierno: Eso convierte el juicio político en un proceso que no está en contra de Gabriela Sommerfeld, sino de nuestro país, Ecuador.

–¿Cuál es el principal argumento legal y constitucional para enjuiciar políticamente a la canciller?

–El principal argumento ha sido el evidente (y hasta cínico): incumplimiento de funciones conferidas por la Constitución de la República, y de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. De acuerdo con Ley Orgánica de la Función Legislativa, el juicio político en Ecuador es un mecanismo de control que la Asamblea Nacional ejerce sobre distintos funcionarios que ostentan el poder Ejecutivo, Electoral, de Transparencia y Control Social. Si bien el juicio político se ha planteado por incumplimiento de funciones, hay tres principales motivaciones: 1. La violenta e injustificada irrupción a la embajada de México en Ecuador. 2. La negativa para conceder el salvoconducto a un ciudadano que ya se encontraba en condición de asilado político. 3. El vergonzoso impasse con Rusia.

–De concretarse una sanción política, ¿afirmaría la tesis mexicana de una sanción a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)?

–Tanto Ecuador como México han presentado sus alegatos ante la CIJ y, al contrario de lo que el gobierno ha querido posicionar antes de estos días del juicio político a Sommerfeld, ni la bancada de la Revolución Ciudadana ni yo pretendemos afectar este proceso, que ya está en las instancias internacionales pertinentes. Es importante dejar en claro que cuando se presentó la solicitud de juicio político, se realizó en contra de quien se supone es la responsable de la política exterior, Gabriela Sommerfeld. Este juicio no es en contra de la cancillería y mucho menos en contra del país.

–¿Qué sanción implica para la canciller en el plano personal?

–Indudablemente, lo que hacemos los funcionarios públicos en nuestros espacios de trabajo influye significativamente en nuestra vida personal. Ahí está el porqué existen servidores públicos que cumplen con sus obligaciones y otros que no. La censura y destitución que le acarreará es lo mínimo que se merece por su irresponsabilidad en cuanto al manejo de la política exterior. Recordemos que los más afectados han sido nuestros migrantes, a quienes no sólo se les quitó una embajada, sino que también se les dejó indefensos, y a mitad de un conflicto diplomático que pudo haberse evitado; no obstante, considero que Sommerfeld, luego de esto, volverá a ser lo que siempre ha sido: parte de una de las familias más adineradas del país, sólo que ahora la Asamblea Nacional tendrá en sus manos la decisión de que lo siga haciendo con los recursos de los ecuatorianos o no.

–¿El presidente Daniel Noboa está en condiciones de acatar o rechazar lo que determine la Asamblea Nacional?

–Noboa ya nos ha demostrado en reiteradas ocasiones que no es capaz de acatar lo que determina la ley, ni siquiera los tratados internacionales. Esperemos que esta vez, más allá de acatar lo que determine el Legislativo, pueda reconocer que tiene una funcionaria en una de las carteras más importantes del país que no está capacitada para tal función, y que, como lo sostiene en su defensa, si su gestión es meramente la de asesorarle, que reconozca que no eligió a la persona correcta.

–¿Las fuerzas políticas ya han tomado una postura sobre el tema y parecería que no hay votos suficientes para una sanción?

–Sí, pero lo cierto también es que aún no han escuchado mi defensa sobre las pruebas presentadas que evidencian el incumplimiento de funciones de la ministra Sommerfeld. Yo no doy por sentado que no existan los votos cuando nosotros, que somos los que estamos representando al pueblo, sabemos de primera mano lo que las acciones tan irresponsables de este gobierno le han hecho a nuestra gente, a nuestros migrantes, a nuestros estudiantes en el exterior. Me parecería hasta una irresponsabilidad el sostener esa posición sin haber escuchado lo que tengo que decir. He trabajado día y noche para representar los intereses de la gente y con ese mismo entusiasmo defenderé mi posición frente a este juicio político.