l arribo del histórico jefe criminal sinaloense a manos de autoridades gubernamentales estadunidenses (más uno de los hijos de otros de esos capos simbólicos) tiene una inevitable doble lectura electoral inmediata: favorece a los dos bandos en pugna en el vecino país, con Joe Biden y Kamala Harris como primeros beneficiados al contar en sus vitrinas de partidismo demócrata con una pieza mexicana en decadencia (incluso física) pero muy explotable en términos mediáticos y, en menor medida, aunque Donald Trump es especialista en adjudicarse cualquier tema como presunto triunfo personal, en un logro del candidato republicano a partir de su verborrea amenazante contra jefes y grupos del crimen organizado en México.

Pero la detención, o entrega, o lo que haya sido, también tendrá implicaciones en el aún impreciso cambio de estafeta en el escenario político y postelectoral mexicano: de entrada, pone en evidencia la sabida inacción del gobierno saliente para actuar oportuna y contundentemente contra los líderes de las organizaciones criminales dominantes; arroja dudas respecto al freno operativo de agencias como la DEA, supuestamente marginadas, y promueve, como en otros casos de capos declarantes en Estados Unidos, la especulación respecto a los temas y datos que esos conocedores de los entretelones del crimen organizado, los políticos y los gobernantes, pueden poner a disposición de chantajistas instancias extranjeras.

El Mayo Zambada y el hijo homónimo de El Chapo servirán, además, para enriquecer el discurso político y mediático (Trump, de-satado: amenaza, que algo queda) que trata de enjaretar a México la responsabilidad de lo que sucede en materia de producción y exportación, pero no a los consumidores en general de Estados Unidos y, en particular, a las cadenas políticas y económicas de este país que a fin de cuentas necesita el ingreso de tales mercancías estupefacientes para apaciguar su presionante demanda interna y que enruta grandes capitales blanqueados a la prosperidad de sus consorcios.

México seguirá siendo materia electoral de escándalo y condena en Estados Unidos pero, más allá de ese tiempo de las urnas vecinas, necesita avanzar en la solución del grave problema del crimen organizado, de su expansión continua en regiones y actividades económicas, en la marcada inserción progresiva en ámbitos electorales y políticos, condicionando o abatiendo los propósitos reformistas.

En varios estados (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Quintana Roo, por citar casos de gravedad acumulada) hay una constante solicitud ciudadana de auxilio que, al no ser atendida adecuadamente por ninguno de los tres niveles de gobierno, termina por consolidar el poderío de los cárteles.

El mando nacional venidero, a cargo de Claudia Sheinbaum, se topará con la herencia de un fiscal federal (Alejandro Gertz) lento a sus conveniencias, ineficaz y cargado de intereses al que se pretende reactivar mediante un enlace presuntamente vitamínico, Omar García Harfuch, que con trabajos de inteligencia estaría empujando al tortuguismo de Gertz (aunque, ha de decirse, a los planes del citado García Harfuch han llegado advertencias incluso en términos sangrientos como en el caso del comisario recientemente asesinado, pieza clave en el armado de la secretaría harfuchista de seguridad).

Y, mientras el concepto entrega es analizado desde diferentes ángulos, incluyendo las palabras acuerdos y negociaciones, con versiones norteñas que consideran que detrás de lo sucedido este jueves hay semanas de presión de agencias gringas, la Marina y en última instancia el Ejército, sobre sus bases de operación y seguridad en Sinaloa, ¡hasta el próximo lunes, con una votación muy indicativa del aislamiento del PAN en la pelea contra la reforma judicial: ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se aprobó el calendario para la discusión de tal reforma, con 12 votos a favor, tres en contra (sólo los panistas) y ninguna abstención (el PRD, ni asistió)!

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