Como evidencia de las acciones que ha emprendido el gobierno federal para que las familias de los 43 normalistas desaparecidos accedan a la verdad y la justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer cuatro cartas relevantes en torno al caso Ayotzinapa. En dos de ellas, el mandatario pide al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, acceso a información en poder de la dependencia, y en los otros dos escritos, el fiscal especial Rosendo Gómez Piedra, designado en octubre de 2022, informa al titular del Ejecutivo sobre las órdenes de aprehensión contra 16 militares.

En la primera misiva, con fecha del 2 de febrero de 2023, el presidente solicitó al general Sandoval que diera a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acceso irrestricto a la información del Centro Federal Regional de Inteligencia de Iguala, del 25 de septiembre al 30 de octubre del 2014, ante la queja de esas instancias sobre el posible traslado de los documentos a instalaciones militares de San Miguel de los Jagüeyes, estado de México.

El reporte incluye un segundo escrito que el fiscal especial dirigió al Presidente el 25 de mayo de 2023, explicándole que las solicitudes de órdenes para arrestar a 16 militares fueron canceladas en septiembre de 2022.

Sin embargo, Gómez Piedra le notificó que había evidencia suficiente para acreditar (en contra de los militares señalados) la corporeidad de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, en agravio, este último, de los citados 43 alumnos.

Como parte del material probatorio, el fiscal del caso le informó de las grabaciones de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA), conocidas como escuchas de Chicago contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, las cuales forman parte de las investigaciones sobre el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Otro elemento contra los implicados presentado por el funcionario a cargo de la investigación es la declaración del testigo protegido Juan, quien acusó que “el Ejército está cooptado por Guerreros Unidos e imputa al general Rafael Hernández Nieto y reconoce al (sargento) Ezequiel Carrera Rifas como miembros de ese grupo delictivo”.

Asimismo, da cuenta de los testimonios de Carla –otro testigo colaborador– y Walter Alonso Deloya, quienes señalaron a elementos del Ejército de estar coludidos con ese grupo criminal, así como la declaración de los testigos D.F.M. y Jorge, en los que se advierte que los estudiantes estaban en barandillas la noche del 26 de septiembre de 2014.

En la tercera misiva que el Presidente incluye en el reporte, con fecha 25 de mayo de 2023, el fiscal especial hizo del conocimiento del jefe del Ejecutivo la judicialización que se pretendía formular contra los elementos de la Marina por desaparición forzada de personas y tortura, ligado a los hechos contra los normalistas.

Como pruebas indicó que hay un video en el que se observa que Agustín García Reyes, alias El Chereje, está siendo torturado por los elementos navales.

En la cuarto oficio, el Presidente comunicó al titular de la Sedena, el 26 de mayo de 2023, acerca de la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de 16 militares involucrados en el caso, tramitada por la fiscalía para el caso.

Instruyó al general secretario se apoye esta diligencia manteniendo bajo vigilancia a ese personal militar, con el propósito de que, si se autorizan las órdenes de aprehensión, no puedan fugarse ni tratar de evadir los procesos judiciales.