Nueva York., Una corte de apelaciones estadunidense ratificó en la semana un fallo judicial que autoriza el embargo de bonos del Tesoro estadounidense que Argentina utilizó como garantía para emitir deuda.

Los demandantes en la causa son siete fondos de inversión que compraron deuda argentina en 1994 y se vieron afectados cuando el país se declaró en default en 2001. La demanda inicial se elevaba a unos 420 millones de dólares.

El tribunal del distrito sur de Manhattan autorizó en 2021 el embargo de activos de Argentina en Estados Unidos, incluidos bonos del Tesoro estadounidense que Buenos Aires utilizó como garantía para respaldar una emisión de deuda soberana.

"Se confirman las órdenes del tribunal de distrito", dice el fallo de la instancia de apelación en su largo escrito.

El caso remonta a la década de 1990, cuando Argentina emitió bonos garantizados como parte de un plan de alivio de deuda soberana, conocido como Plan Brady, instituido por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas F. Brady.

El plan implicaba un intercambio de casi 30 mil millones de dólares en bonos comerciales no garantizados por otros con garantía, con vencimiento en 2023 ("Bonos Brady"), según el tribunal.

Esta misma semana, otra corte estadounidense denegó a Argentina una moción contra el fondo Titan Consortium, que reclama al país sudamericano el pago de una indemnización de 320 millones de dólares por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en 2008, entonces propiedad del grupo español Marsans.

Asimismo, acaba de perder en apelación en una corte británica otro caso que le obliga a pagar 1.670 millones de dólares por mal cálculo de un cupón de deuda atado al PIB.

El pasado jueves, sufrió otra condena por el impago de la deuda de 2001, un fallo que le costará al país 140 millones de dólares.

En septiembre de 2023, el tribunal del distrito sur de Nueva York condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a dos empresas accionistas de YPF, que no fueron indemnizadas tras la nacionalización de la petrolera en 2012, cuando era controlada por la española Repsol.

En total, según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, los casos judiciales abiertos que tiene Argentina ascienden a 28 mil millones de dólares.

Se trata, asegura en conversación telefónica con Afp, de un tsunami que puede amargar al gobierno de Javier Milei.