os días recientes, Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, integrantes del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para Acceso a la Verdad , presentaron el informe, en seis volúmenes, Fue el Estado (1965-1990). La también integrante Eugenia Allier presentará un informe adicional. Como recordamos en diciembre de 2021 se formalizó la creación del MEH para el Impulso a la Justicia sobre violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990 perpetradas por agentes del Estado mexicano durante ese periodo. El informe documenta por lo menos 8 mil 594 víctimas de detención y desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, masacres y otras violencias, incluida la sexual. Además del desplazamiento forzado de 123 mil 34 personas en 113 diferentes eventos.

A partir de las evidencias recabadas, señalan que el Estado mexicano es responsable de violaciones graves a derechos humanos perpetradas en la guerra sucia entre 1965 y 1990, años en que se instrumentó la violencia de manera sistemática y generalizada, no sólo contra la insurgencia, sino también contra una amplia gama de disidencias y comunidades, muchos más de los que se habían reconocido históricamente, entre ellas personas indígenas, población de la diversidad sexual, refugiados guatemaltecos y periodistas.

Cabe destacar que el Presidente de la República, a través del Diario Oficial, instruyó a todas las oficinas de gobierno a transferir al Archivo General de la Nación (AGN) la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales. Tal disposición no se cumplió. Fue el caso de los archivos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el hoy Centro Nacional de Inteligencia no transfirió al AGN los documentos del periodo 1985-1990. A pesar de que ahí se encuentra la información sobre la muy activa y represora Dirección Federal de Seguridad.

Sin embargo, el MEH, citando fuentes de investigación a las que tuvo acceso, logró documentar que fueron las fuerzas armadas las responsables directas de gran parte de las violaciones a derechos humanos cometidas en el periodo. Ante lo cual se ha deslizado desde ese espacio institucional como justificante, de manera informal, frente a los intentos fallidos de judicializar, como la masacre de 1968, que recibieron órdenes de autoridades civiles, leáse los titulares del Poder Ejecutivo en aquellos años.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia plantearon que la Fiscalía General de la República (FGR) retome el informe final que presentó el MEH, para reactivar las investigaciones contra quienes cometieron graves violaciones a derechos humanos en ese periodo. Destaca Tita Radilla, quien desde el 25 de agosto de 1974 empezó la búsqueda de su padre, Rosendo –detenido y desaparecido ese día por militares en un retén de Atoyac, Guerrero–. También respaldó esa exigencia Alicia de los Ríos, hija homónima de la guerrillera de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecida en enero de 1978 por la Brigada Blanca. El informe Fue el Estado ha sido abordado en diversos medios impresos, pero destaca la ausencia de alguna valoración u opinión oficial, ni siquiera en las mañaneras, a pesar de que el MEH hace parte de una comisión creada por el propio gobierno de la llamada 4T.

Y en abierta línea de coincidencia con dicho informe hace dos días se difundió una decisión fundamental e inédita ni más ni menos que desde el muy vilipendiado Poder Judicial. A través de este medio se tuvo acceso a lo que se consideró primer fallo por terrorismo de Estado en la guerra sucia (La Jornada, 25/8/24). En la sentencia de más de 600 páginas dictada el pasado 22 de agosto por Karla María Macías Lovera, titular del juzgado noveno de distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, se señala que han existido omisiones e indolencias gubernamentales para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de detenciones y ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones a mujeres y niños, como parte de una acción sistemática, así como la existencia de prisiones clandestinas y los llamados vuelos de la muerte, además de que existen documentos oficiales que prueban de manera suficiente la culpabi­lidad de las más altas autoridades militares y civiles en estos sucesos. Define que se cometió terrorismo de Estado y para resolver el juicio de amparo en torno al caso de la desaparición de Rosendo Radilla revisa las indagatorias inconclusas que le presentaron. Ordena a la FGR ejercitar acción penal contra autoridades civiles y militares de los 70 y 80, entre otras medidas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo un llamado al Estado mexicano para que de inmediato cumpla con la sentencia. Queda clara la impunidad histórica.