Guadalajara, Jal., A partir de que en 2017 un estudio realizado por el entonces conseje-ro de la Judicatura federal Felipe Borrego Estrada daba cuenta de que el tercer circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Jalisco era un foco rojo por temas de corrupción y nepotismo a nivel nacional, ha habido casos que reafirman y actualizan ese señalamiento.

El más claro de todos es el encarcelamiento y posterior absolución del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien fue detenido en 2019 por su presunta relación (como socio en lavado de dinero) con Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque en 2023 fue destituido definitivamente de su cargo de magistrado, Avelar Gutiérrez salió de prisión en 2022, pese a que señalamientos del gobierno estadunidense lo situaban en la parte jerárquica de un organigrama del CJNG y fue sancionado por la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos debido a sus supuestos nexos con el grupo criminal.

El togado fue absuelto a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias por depósitos cuantiosos, entre ellos uno por 70 millones de pesos, que no correspondía a los ingresos que recibía por su cargo, mediante el cual liberaba a presuntos miembros del CJNG, entre ellos Rubén Oseguera González El Menchito, hijo del capo de esa organización delincuencial.

En Jalisco abundan los casos de magistrados y jueces cuya probidad ha estado en tela de juicio, en particular en materia de nepotismo, así como por las sospechas de que varios de ellos han dejado libres a peligrosos y conocidos criminales.

En el estudio de 2017 de Borrego Estrada quedaron claras las redes de apoyo a familiares dentro del sistema, donde existen múltiples denuncias del mismo personal sindicalizado sobre esta situación.

Uno de los ejemplos más sobresalientes es el del magistrado Jesús Antonio Sepúlveda Castro, Chuyito, quien por su cercanía familiar con algunos homólogos de larga trayectoria e historial, obtuvo el apoyo para a su vez colocar a otros parientes en diferentes juzgados y permanecer en el cargo.

Sepúlveda Castro es compadre del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jorge Mario Pardo Rebolledo, con quien trabajó de secretario de estudio y cuenta, y está casado con una sobrina de Enrique Rodríguez Olmedo, magistrado de Jalisco por más de 20 años.

Además, su hermana Laura Margarita es secretaria de un tribunal colegiado, al igual que sus cuñados Juan Gil e Iris Violeta Rodríguez. Diversas denuncias e investigaciones periodísticas señalan que Chuyito tiene cerca de 15 parientes en el sistema judicial.

Otro caso es el de la magistrada retirada Alicia Guadalupe Cabral Parra, cuyo hijo, dos hermanos y varios sobrinos obtuvieron sus empleos cuando ella fue presidenta del quinto tribunal colegiado en materia civil y siguen laborando dentro del tercer circuito del PJF.

El documento que dio a conocer Borrego Estrada destacó que el circuito correspondiente a Jalisco ocupó ese año el tercer lugar con más juzgadores con parientes dentro del Poder Judicial, con 76 por ciento.

El recuento señaló que después de Michoacán, donde se detectaron 20 jueces con hermanos trabajando en los juzgados y tribunales, Jalisco ocupó el segundo sitio, con 17.

Por otra parte, Alfonso Partida Caballero, ex consejero de la Judicatura en Jalisco, denunció que los excesos y la corrupción en el Poder Judicial del estado empiezan con su presidente, Daniel Espinosa Licón, a quien calificó de títere del gobernador emecista Enrique Alfaro, quien lo promovió tanto para su llegada al cargo como en su relección en diciembre de 2022.

Desde ese año, el Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, del que Partida Caballero es miembro, junto con otros prestigiosos investigadores, ha denunciado la existencia de una red de corrupción dentro del Poder Judicial.

Esta última incluye nombramientos de magistrados, consejeros y jueces a modo por diputados de Movimiento Ciudadano y el PAN, que han hecho una alianza legislativa de facto desde 2018, cuando Alfaro comenzó a gobernar.

Alfonso Partida calificó de cártel judicial los nombramientos promovidos como cuotas y cuates, con jueces afines que se dedican sólo a resolver asuntos de sus amigos o socios; mientras, más de 80 por ciento, que representan otros juicios en los que no existe un interés particular, se quedan sin ser resueltos y se acumulan a un ritmo de mil a mil 500 expedientes nuevos por año.