ste 2024 cerrará lejos de la meta prevista por el gobierno. Pese a que el crecimiento del PIB de uno por ciento del tercer trimestre resultó mejor que los dos trimestres anteriores, permitiendo alcanzar un crecimiento promedio anual de 1.7 por ciento, lo cierto es que habrá un crecimiento de apenas 1.5 por ciento al cierre del año, lejano al 3 por ciento comprometido. Este desempeño muestra una clara desaceleración de la economía mexicana, pese a que el gasto público en año electoral cumplió con lo establecido en el paquete económico 2024 y que hubo un buen desempeño del consumo privado y de la inversión, junto con un sector externo en expansión sostenido por exportaciones manufactureras y turismo.
También tuvimos un incremento de la inversión extranjera directa que alcanzó un saldo histórico de 31 mil millones de dólares. Sin embargo, la economía se desaceleró.
Se trata de una desaceleración atípica. De acuerdo con Esquivel ( Reforma, 10/11/24, p. 15), en parte la explicación está en el impacto que han tenido dos zonas del país sobre la economía nacional: el sureste, en crecimiento cero y los estados fronterizos del norte con tasas de crecimiento negativas. Los datos del empleo formal para estas dos zonas confirman esta situación. Esta desaceleración, instalada desde el segundo trimestre, se agudizó en el tercero por el deterioro del tipo de cambio, explicado por la respuesta de ciertos inversionistas al resultado electoral relativo a las mayorías calificadas en los espacios legislativos, así como por el término de las inversiones públicas en las obras de infraestructura del sureste del país.
El próximo año, primero completo del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, será de transición gubernamental y, por ello, pudiera haber un cierto retraso en el ejercicio de importantes proyectos de gasto. También se complicará por el propósito planteado por el nuevo gobierno de reducir el déficit fiscal al 3.9 por ciento del PIB. Si a esto se agrega la desaceleración que ha ocurrido, y que persistirá, tenemos un escenario en el que es posible que el de por sí lento desempeño de la economía se afecte significativamente. Para lograr esta meta de un déficit de 3.9 por ciento del PIB se plantean ajustes importantes del lado del gasto, tanto en gasto corriente como del gasto en inversión, que tendrá efectos multiplicadores negativos. Así las cosas, esta meta de consolidación fiscal pudiera llevarnos a un escenario de muy poco crecimiento o incluso de recesión.
Por eso conviene reconsiderar la meta del déficit para 2025. Las empresas de asesoría a inversionistas, los autollamados mercados, junto con organismos financieros internacionales, como el FMI, han insistido en que el proceso de consolidación tendría que establecer una meta de 3.5 por ciento del PIB, documentando la manera en la que se propone conseguirla. El gobierno ha aceptado esta insistencia, aunque ligeramente suavizada al proponer un 3.9. Dadas las circunstancias políticas y la perspectiva negativa que genera la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos en febrero próximo, la prioridad para el gobierno mexicano no debería ser reducir el déficit, sino fortalecer las finanzas públicas. Unas finanzas públicas fuertes permitirán cumplir con el programa social comprometido, sin que una eventual reducción de la inversión y el gasto corriente produjera efectos recesivos que afecten lo que está en el centro.
Las finanzas públicas nacionales se han manejado responsablemente en los seis años pasados y seguirlo haciendo es importante. Ha habido, además, un endeudamiento público muy cuidadoso, de modo tal que el saldo de los requerimientos financieros del sector público del orden de 50 por ciento del PIB este 2024 es muy manejable. Lo relevante en el presupuesto es el costo de este saldo. Su peso en el gasto total del sector público es muy considerable y llegará a 3.8 por ciento del PIB para 2025, lo que casi equivale a lo que se dedica al desarrollo económico.
El paquete económico planteado puede mejorarse permitiendo que el déficit programado sea de 4.5 por ciento del PIB. Esta corrección, que implicaría un monto para el déficit fiscal de 750 mil millones, suavizaría los efectos negativos permitiendo asignar recursos a fines prioritarios como, por ejemplo, la educación superior pública. El paquete económico, por ello, sería responsable fiscal y socialmente. En los siguientes cinco años podríamos reducir paulatinamente el déficit con incrementos en los ingresos tributarios resultantes de una reforma fiscal posible que empezaría a tener efectos en 2026-2027.
