El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al Poder Legislativo una prórroga de 90 días, como vía para alcanzar una óptima elección judicial, y compensar el desfase provocado por los litigios en contra de esta reforma.

La Constitución ordena celebrar estos comicios el primero de junio y los consejeros piden que se traslade a la primera semana de septiembre próximo.

Los tiempos materialmente no son suficientes para que estos procesos puedan acortarse en tiempos brevísimos, pues podría ponerse en riesgo alguna de las etapas del proceso electoral, se indica en la carta firmada por los 11 consejeros y la secretaría ejecutiva del instituto.

Si bien la mañana de este miércoles, al instalar la comisión especial para organizar la elección judicial, los tres consejeros integrantes hicieron énfasis en que se cumplirá con la misión en tiempo y forma, la solicitud de prórroga fue explícita desde la víspera, durante la reunión que sostuvieron los consejeros con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Si el Legislativo acepta la petición, estos comicios tendrían un margen de preparación de alrededor de nueve meses, el mismo rango de la organización del proceso electoral 2023-2024.

En la solicitud se exponen distintos argumentos de tipo administrativo y jurídico acerca de la magnitud de la tarea: preparar una elección sin precedente y de un alcance mucho mayor a las antes organizadas, toda vez que deberá elegirse por voto ciudadano a 881 juzgadores.

Lo anterior implica desde el diseño e impresión de las boletas y demás papelería electoral, hasta su distribución y resguardo, así como la capacitación del personal que a su vez debe buscar a los ciudadanos que trabajen como funcionarios de casilla en un proceso histórico.

Todo lo anterior amplía la responsabilidad de organización, pues el material y documentación electoral a imprimir aumentará de manera considerable y, por ende, los tiempos para el desarrollo de esta actividad se deben ampliar en la misma proporción, argumentaron.

En medio de una advertencia de recorte, puesto en la mesa por los propios legisladores, para reducir los 13 mil 205 millones solicitados por el INE para dichas votaciones, los consejeros indican que el tamaño de la elección significa aumento tanto material como logísticos de los recursos del instituto.

Mencionan sobre todo que es un episodio novedoso para todos, funcionarios y ciudadanos, de ahí que en el contexto actual los tiempos materialmente no son suficientes.

Señalan, entre otros factores, la necesidad de correr los plazos administrativos para licitaciones, mismos que de incumplirse acarrearía responsabilidades ante el órgano fiscalizador.

Igualmente recalcan que rumbo a estos comicios es necesario delimitar una geografía para la emisión del voto, asunto que apenas anoche se revisaba en comisiones unidas, tanto la Especial como la del Registro Federal de Electores, donde fue aprobado sólo de manera precautoria un anteproyecto de acuerdo que deberá subirse a consejo general.

La división electoral tradicional está integrada por 300 distritos, pero el Poder Judicial tiene otra circunstancia.

En la carta dirigida a los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, los morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, el INE pide que hagan las gestiones legislativas pertinentes para determinar que la jornada electoral del proceso electivo extraordinario de 2025 no se lleve a cabo el primero de junio de ese año sino 90 días posteriores a esta fecha.

En tanto, el calendario preliminar de esta elección incluye 380 actividades, desde la preparación, convocatoria y postulación de candidaturas hasta la jornada comicial, cómputos, asignación de cargos, calificación y declaratoria de validez de la elección.