Aunque las policías civiles federal, estatal y municipal no son un ejemplo a seguir en su actuar, estas corporaciones tienen que retomar las labores de seguridad pública que el Ejército ha asumido, señaló Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En la presentación de un informe en la materia, elaborado por Amnistía Internacional (AI) México, enlistó algunas de las graves violaciones cometidas por militares y que a la fecha siguen impunes, como la masacre de El Charco, en Guerrero, perpetrada hace 26 años por elementos del Ejército, quienes asesinaron a 11 indígenas de comunidades mixtecas.

También se refirió a los casos de las indígenas me’phaás Valentina Rosendo e Inés Fernández, quienes fueron violadas por elementos castrenses en febrero y marzo de 2002, y fue un caso, apuntó, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano a la reparación del daño y a que dos soldados fueran encarcelados y juzgados por el fuero civil por los delitos de violación y tortura sexual.

Hablamos de un panorama en que en verdad existe un pasado muy vivo, porque ahí están las víctimas, están los familiares exigiendo justicia. No ha habido reparación a ninguna persona y tampoco ha habido un militar procesado o condenado, reprochó Barrera.

En riesgo, los derechos humanos

Edith Olivares, directora de AI México, reiteró el llamado a que el Ejército sea regresado a los cuarteles, pues desde que se impulsó su participación en tareas de seguridad pública, en el gobierno de Felipe Calderón, se ha denunciado que ello pone en riesgo los derechos humanos.

En conferencia de prensa, presentó una serie de recomendaciones sustentadas en estándares internacionales dirigidas al Ejecutivo federal y el Legislativo, entre ellas que se cumpla con el plazo establecido en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, de acuerdo con el cual, para 2028, las fuerzas armadas no deberían participar más en tareas de seguridad pública.

Asimismo, AI-México planteó cuatro principios para lograr dicho objetivo, como encaminar una reforma policial comprometida a que el cumplimiento de la ley y de las labores de seguridad sean efectuadas por un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil.